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Tortuguismo burocrático: el tiempo ciudadano como negocio
Columnas
En México, 84.9% de los mexicanos consideran probable que un servidor público acepte dinero para acelerar un trámite. La cifra proviene de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025 del INEGI.
El “tortuguismo” no siempre es simple ineficiencia, que la hay. El modo “Flash” tiene una lógica corrupta: donde hay demora, hay margen para negociar.
Un trámite que debería resolverse en días puede prolongarse semanas o meses, generando costos reales para quien lo solicita: pérdida de ingresos, retraso en inversiones o incertidumbre jurídica. Así, la rapidez deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
El tortuguismo tiene otro aliado: la discrecionalidad. Cuando los procesos no son transparentes ni estandarizados, el funcionario tiene margen para decidir qué expediente avanza y cuál se detiene.
No hace falta negar un trámite; basta con demorarlo. La tardanza, entonces, opera como presión. El ciudadano no paga por obtener algo indebido, sino por recibir a tiempo algo que en teoría ya le corresponde.
Cuando la espera cuesta, cuando cada día sin permiso implica pérdidas, la lentitud y discrecionalidad crean un caldo de cultivo para el cohecho. Si el costo de esperar supera el costo del soborno, el incentivo para pagar aumenta. Así, el “fast track” informal se vuelve una opción racional dentro de un sistema que penaliza la paciencia y la decencia.
Parte de la literatura sobre corrupción sostiene que los retrasos pueden ser inducidos deliberadamente para extraer rentas. Corrupción por diseño. Es decir, el trámite no es lento por incapacidad, sino porque su lentitud genera valor.
La ENCOAP también muestra una aparente contradicción: 70.6 % de la población dice estar satisfecha con la calidad de los trámites. Sin embargo, esa satisfacción convive con una alta expectativa de corrupción.
Esto sugiere que el problema no siempre está en el resultado final, sino en el proceso: en la incertidumbre, los tiempos variables y la percepción de que existen vías más rápidas para quien puede pagarlas.
El resultado es una distorsión, es desigualdad. El acceso a servicios públicos deja de depender únicamente de reglas generales y pasa a estar condicionado por recursos, contactos o disposición a pagar.
El tortuguismo, visto así, no es solo un problema de eficiencia. Es un componente funcional de ciertos esquemas de corrupción.
Reducirlo implica algo más que digitalizar trámites o simplificar requisitos. Supone limitar la discrecionalidad, hacer trazables los procesos y cerrar espacios donde el tiempo pueda convertirse en moneda de cambio.
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