Me sigo doliendo que al estar midiendo solo la enfermedad (la corrupción) estamos olvidando que la salud es la integridad pública y que esa es la meta.
En efecto, la medición de la corrupción ha mostrado repetidamente ingentes áreas de oportunidad para obtener resultados que nos puedan indicar con mayor claridad y precisión el estado y la verdadera dimensión del reto. Los índices se construyen generalmente a partir de percepciones ciudadanas o de los empresarios y solo excepcionalmente desde datos concretos y verificables como el número de denuncias o sanciones, los márgenes de recaudación de impuestos o el nivel de inversión extranjera. De cualquier modo, estos índices no dicen nada sobre las causas de la corrupción ni señalan derroteros para encaminarnos hacia soluciones adecuadas al problema. Solo la retratan, la reportan.
No digo que esas métricas no sirvan. Apenas apunto que ya no alcanzan para atender el maremágnum que causan el flagelo y sus odiosas secuelas en el cuerpo de un país, en la fibra de la república y en la viabilidad misma del régimen democrático.
Insisto sobre un nuevo acercamiento analítico interesante, expresión de una metodología diferente y más robusta que las tradicionales. Aporta más al estudio del fenómeno. Mide la capacidad de las sociedades de traer a cuentas a sus gobiernos y de vigilar un correcto y legal ejercicio del dinero público. Me refiero al Índice de Integridad Pública europeo, de la autoría del Centro Europeo de Investigación Anticorrupción y Formación Estatal de la Comisión Europea, financiado por el antiguo Programa de Innovación e Investigación de la Unión Europea, conocido hoy con el nombre de Horizonte 2020.
Mide seis dimensiones de los países que estudia: la independencia judicial, la carga administrativa-burocrática, la apertura comercial internacional, la transparencia presupuestal, el acceso ciudadano al internet y a las herramientas del gobierno electrónico y la libertad de prensa.
En la evaluación de 2015, (109 países) Noruega obtuvo el primer lugar con 9.80 de calificación; Venezuela el último, con 1.88. México se ubicó en el 56, con 6.30. En la evaluación de 2017 (107 países) Noruega volvió a encabezar, con 9.79; Venezuela en el sótano con 1.93, y nuestro país subió 9 lugares para llegar al 45, con 6.69.
En la de 2019 (117 países) Noruega mantuvo el primer sitio con 9.61; Venezuela de nuevo en el fondo de la tabla con 2.35 y México en el lugar 48 con 6.77.
Insisto: hemos creado instituciones,normas, políticas públicas y procedimientos para combatir este mal, pero deberíamos pactar el bien. Es decir, convenir la definición de la victoria, para saber cómo vamos en esta “guerra”, y reconocer la zona de triunfo cuando arribemos. Esa llegada, esa “paz”, es la Integridad Pública y es el nuevo paradigma.
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