Cada época ha enfrentado sus propios dilemas pedagógicos. En el siglo XIX, la Escuela de la Exégesis, heredera del Código Napoleónico de 1804, concibió al Derecho como un texto autosuficiente. La labor del jurista consistía en repetir y comentar artículos, confiando en que la ley codificada contenía todas las respuestas.
A fines del siglo XIX, François Gény cuestionó esa visión con su propuesta de la libre investigación científica (Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 1899). Para él, cuando la ley resultaba insuficiente, el intérprete debía acudir a principios generales y a las ciencias auxiliares, ampliando el horizonte jurídico más allá del texto. Paralelamente, en Alemania, el Movimiento del Derecho Libre defendió la creatividad judicial como vía legítima para responder a lagunas normativas. Y ya en el siglo XX, el realismo jurídico estadounidense radicalizó la crítica al formalismo: lo relevante no era únicamente lo que la norma establecía, sino lo que efectivamente ocurría en la práctica judicial.
Hoy, en el siglo XXI, la enseñanza del Derecho se enfrenta a un nuevo reto: la era digital. ¿Cómo formar juristas en un mundo donde contratos inteligentes sustituyen firmas manuscritas, donde la prueba es un archivo electrónico alterable, y donde algoritmos deciden qué información circula y qué derechos se vulneran? ¿Debe un juez confiar en un dictamen generado por inteligencia artificial? ¿Quién responde si un sistema automatizado comete un error que afecta derechos fundamentales?
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (2024) establece obligaciones para sistemas de “alto riesgo”; la Convención Marco del Consejo de Europa sobre IA, Derechos Humanos y Estado de Derecho inaugura el primer tratado vinculante en la materia; en América Latina, el informe EL PACCTO 2.0 destaca tanto la utilidad de la IA en la gestión pública como los riesgos de sesgo y opacidad. México, aún sin regulación integral, participa como Estado observador en estas discusiones, ha creado la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y ocupa la sexta posición en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2024. Pero la pregunta persiste: ¿cómo preparar a las y los estudiantes para enfrentar este escenario digital?
El aula ya no puede limitarse a la repetición de códigos. Debe transformarse en un laboratorio de pensamiento crítico y práctica interdisciplinaria: simulaciones de juicios con pruebas digitales, redacción de cláusulas de protección de datos, análisis de casos de deepfakes y debate sobre la ética algorítmica.
La exégesis nos dejó la fidelidad al texto, Gény nos enseñó a buscar más allá de la ley, el Derecho Libre alemán defendió la creatividad judicial, y el realismo jurídico mostró que el Derecho vive en su aplicación concreta. Hoy, la era digital nos impone un reto equivalente: formar juristas capaces de comprender la norma, pero también de interrogar, cuestionar y gobernar las tecnologías que reconfiguran nuestra convivencia y, sobretodo, aplicar principios éticos que aseguren que la innovación esté al servicio de la dignidad humana. Ese es, quizá, el desafío pedagógico más trascendental de nuestro tiempo. (Escrita en coautoría con la Maestra Geraldine Ramírez Rico).
Coautores:
Mtra. Geraldine Ramírez Rico
Mtro. José Francisco De Villa Soto