Columnas
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
El reto en garantizar esto aumentó tras la pandemia por COVID-19, no sólo en México sino en el mundo. De conformidad con el estudio «Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2023: El valor del trabajo esencial» de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], debido a la mayor exposición a este virus, las personas trabajadoras clave (trabajadores de los sistemas alimentarios; trabajadores de la salud; trabajadores del comercio al por menor; trabajadores de seguridad; trabajadores manuales; trabajadores de limpieza y saneamiento; trabajadores del transporte, y trabajadores técnicos y administrativos) sufrieron tasas más elevadas de mortalidad por COVID‑19 que los no clave. En este sentido, señala el informe que las empresas clave proveedoras de bienes y servicios considerados esenciales por los gobiernos al inicio de la pandemia de COVID‑19 tuvieron que hacer frente a numerosas dificultades. Entre ellas la perturbación de las cadenas de suministro, la incertidumbre financiera, el descenso de las inversiones, la falta de dotación de personal y la aplicación de directrices de emergencia en materia de medios de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Esos problemas afectaron más gravemente a las microempresas y las pequeñas empresas.
México, sobre la ocupación y el empleo, el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI] dio a conocer los resultados de su «Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo» [ENOE], que muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano sobre la población económicamente activa, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. De éstos, vale la pena destacar que, en el tercer trimestre de 2023 la Población Económicamente Activa [PEA] del país fue de 61 millones de personas, 1.5 millones más que en el tercer trimestre de 2022. La PEA representó 60.6 % de la población de 15 años y más. Por otro lado, señala que un total de 59.2 millones de personas se encontraban ocupadas: 1.7 millones más en relación con el tercer trimestre de 2022. Este cambio se concentró en los servicios diversos, con un aumento de 473 mil personas; en servicios profesionales, financieros y corporativos, con 333 mil y en el comercio, con 308 mil personas. Asimismo, la población ocupada en los micronegocios creció en 703 mil personas; en los establecimientos pequeños, 412 mil y en los grandes, 115 mil. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2023, la población subocupada fue de 4.7 millones de personas y representó 8 % de la población ocupada, porcentaje inferior al del tercer trimestre de 2022 (8.1 %). En este sentido. Durante el tercer trimestre de 2023, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (81.5 %), Guerrero (77.4 %) y Chiapas (75.4 %). Las tasas más bajas se registraron en Coahuila de Zaragoza (33.8 %), Chihuahua (36.1 %), Baja California (36.7 %) y Nuevo León (36.9 %). Por otro lado, en el periodo julio septiembre de 2023, las ciudades con la mayor tasa de subocupación fueron: Ciudad del Carmen (21.1 %), Tlaxcala (15.2 %), Coatzacoalcos (14.7 %), Ciudad de México (12.4 %), León (11.7 %) y Tapachula (11 %). Las tasas más bajas se presentaron en Tijuana (1.4 %), Toluca (1.8 %), Cuernavaca (1.9 %), Saltillo (2.2 %) y Aguascalientes (2.4 %).
Sobre esto, vale la pena seguir de cerca esta información que presentan tanto órganos internacionales como nuestros organismos constitucionalmente autónomos y demás fuentes de información para comprender y conocer mejor estos fenómenos sociales.