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¿Constitucionalismo neutral?

¿Constitucionalismo neutral?

Columnas jueves 14 de septiembre de 2023 -

La distorsión impuesta a la democracia constitucional por los nuevos regímenes políticos que están surgiendo en el mundo -con rasgos autocráticos- ha revivido, entre otras cuestiones, la discusión sobre cuál debe ser el contenido y entendimiento de la Constitución.

En términos de este discurso político, la Constitución debe separarse de un esquema de normas de contenido valorativo o de moralidad política y, en su lugar, establecer únicamente reglas del juego de la democracia representativa y el acceso al poder, para que sea el Poder Legislativo quien defina todos los temas sociales relevantes, incluidos aquellos de la mayor sensibilidad o preocupación para la gente, a partir del ideario político que sostengan las fuerzas mayoritarias que detentan el poder en turno.

Para cumplir con estas euforias totalizadoras, cualquier Constitución tendría que limitarse a reconocer disposiciones neutrales que solamente regulen el proceso democrático de toma de decisiones, lo que daría paso a una “norma fundamental procedimental” en los términos acuñados por el profesor Víctor Ferreres. Bajo esta categoría, la justicia constitucional podría intervenir exclusivamente para reparar la afectación a los derechos de participación política o la vulneración a ciertas minorías.

Esta añeja fórmula -la cual se ha querido justificar de manera descontextualizada desde la teoría de John Ely- pretende que sea el gobierno en turno y sus mayorías en el parlamento quienes definan el contenido, límites y alcance de los derechos sustantivos de las personas. Esta idea es equivalente a un suicidio constitucional porque coloca aspectos como la autonomía o la dignidad humana, por ejemplo, en manos de la ideología mayoritaria surgida de una elección, sin límite ni control alguno.

Como certeramente precisó en su día el profesor Manuel Aragón, identificar a la norma fundamental solo por su posición jerárquica, por el hecho de establecer las formas de producción del resto de las normas o por su carácter rígido impide que ésta juegue su rol legitimador del orden jurídico, o dicho de otra forma, significa eliminar la posibilidad de revisar que los actos del poder público se ajusten a la voluntad y consenso generados por la sucesión de generaciones de personas -el pueblo en una línea diacrónica de tiempo- sobre cómo se ven a sí mismas y cuáles son los pactos de vida y convivencia, todo lo cual está en la Constitución.

Esta inconveniente posición política está permeando al interior de los “sólidos muros” de los propios tribunales constitucionales y cortes supremas de manera más que peligrosa. Basta como ejemplo, echar un vistazo al voto concurrente del justice de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América Brett Kavanaugh, en la polémica sentencia Dobbs v. Jackson, en materia de aborto, que echó por tierra 50 años del criterio establecido en Roe v. Wade.

De acuerdo con el ministro Kavanaugh, en materia de aborto la Constitución norteamericana es avalorativa, por lo que no resulta posible desprender de ésta ni una línea provida como tampoco una línea proelección; por lo contrario, la norma fundamental es neutral y deja que el pueblo y sus representantes electos resuelvan el asunto a través de “procesos democráticos” en los estados o en el Congreso federal.
En una expresión: la Constitución debe ser tan neutral que sostenga la fuerza normativa de los derechos fundamentales en la aclamación, votación o humor de la masa social representada. Entender que esto es la democracia constituye un retroceso constitucional de casi 80 años.



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/CR

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