¿Deben y pueden las fuerzas federales resolver los problemas locales?

Que la seguridad pública sea rehén de la agenda política imposibilita la existencia de estrategias que gocen de continuidad para evaluarse al paso del tiempo, corregir yerros y fortalecer capacidades.

Los últimos 20 años han dejado lecciones suficientes para ser consideradas en toda estrategia que pretenda establecerse ante escenarios como los que se han presentado en Guanajuato, Jalisco, Baja California, Michoacán o Zacatecas. Parece existir evidencia de que cuando se fortalecen capacidades locales y se utiliza el respaldo subsidiario de las instancias federales tiende a haber mejoría en investigaciones y detenciones relevantes.

No son pocos los casos en que la Federación coadyuva en cumplimentar órdenes de presentación o aprehensión emitidas por instancias locales lo que permite procesar y sentenciar a generadores de atrocidades. Como ejemplo está Servando Gómez Martínez “La Tuta”, detenido por la extinta Policía Federal, pero sentenciado en primera instancia por un caso de secuestro cuya carpeta de investigación, consignación y proceso fue obra de las instancias de seguridad, procuración de justicia y poder judicial del estado de Michoacán.

También existe evidencia de que los gobiernos estatales que justifican su inactividad en la persecución de objetivos criminales de alto nivel con el argumento de que son parte de la delincuencia organizada y por ende competencia federal, favorecen, por omisión, el establecimiento no solamente de zonas de confort para la delincuencia, sino sedes permanente de operación, a sabiendas de que nadie les hará frente.

Esta condición afecta a municipios que carecen de infraestructura, capacidades técnicas y recurso humano para cumplir eficazmente los fines básicos de la seguridad pública, resultando imposible exigir de dichas instancias fungir como barrera de contención ante al avance de las acciones delictivas de alto impacto. Quienes se han ensañado en abonar a la mala reputación de las policías municipales, desestiman el enorme desafío de su misión y las circunstancias que las han orillando a replegarse o convertirse en eslabones de la cadena criminal. Las y los policías municipales son los más vulnerables y expuestos en la cadena de la seguridad pública. Hoy, viven condiciones de abandono lamentables.

En función de lo anterior es que existe un reclamo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y servidores públicos comprometidos, para fortalecer a las instancias municipales, pilar de la justicia de lo cotidiano. No es exigiendo la presencia de más elementos de corporaciones federales como se logrará establecer condiciones de seguridad, si no exigiendo recursos y condiciones óptimas para impulsar modelos eficaces de seguridad en lo local.

La presencia de fuerzas federales es útil si su despliegue consiste en articular esfuerzos para judicializar casos con instancias locales; equilibrio entre el componente civil propio del trabajo policial - ministerial local y respaldo con capacidades de la Federación: Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, para empezar.

Con 15 nuevos gobiernos y elecciones presidenciales en 3 años, existen condiciones y tiempo suficiente para replantear la relación entre estados y la Federación en materia de seguridad.

Es cuestión de voluntad y esa debe ser nuestra exigencia.