¿Discriminación política?

Columnas miércoles 11 de marzo de 2026 -

El desarrollo de la democracia para los Estados requiere reglas claras, respeto a los derechos humanos y una discusión pública capaz de distinguir entre la ética política y la restricción de libertades. En México ese debate ha cobrado fuerza en torno a la participación electoral de familiares de diversos actores políticos.

La discusión se intensificó tras la propuesta al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para limitar, a partir de 2030, las candidaturas de personas con parentesco cercano con funcionarios en activo. El objetivo busca evitar la herencia de cargos públicos, una práctica asociada durante décadas a estructuras de poder del viejo régimen.

Pero, ¿el parentesco debe convertirse en un impedimento automático para ejercer derechos políticos? Vamos por partes. La ONU establece en su Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, este principio incluye el derecho a votar y ser votado.

Ese criterio se refuerza en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico que reconoce la participación política como una garantía fundamental de las democracias modernas. Sin embargo, estas normas no condicionan ese derecho al origen familiar de los aspirantes.

Existen ejemplos que ilustran la complejidad del tema. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, comparte actividad política con su esposa, la senadora Ruth González Silva. Ambos llegaron a sus cargos de elección popular mediante procesos electorales legítimos.

Otro caso recurrente aparece en la familia del diputado federal Ricardo Monreal Ávila. Varios de sus hermanos han ocupado --y buscan-- posiciones públicas en Zacatecas y otros espacios políticos, como el Congreso de la Unión.

En ambos casos se podría deducir que se impide el nepotismo dentro del aparato gubernamental, pero a decir del marco jurídico del Estado mexicano –y de las instancias internacionales— se cierra la puerta a ciudadanos que aspiran legítimamente a competir en una elección abierta.

Las organizaciones políticas pueden fijar criterios internos, pero el derecho constitucional de participación política se mantiene como un principio superior, de esta forma, quizá, el reto es equilibrar esa aspiración con el respeto pleno a los derechos fundamentales. Limitar candidaturas por parentesco, podría abrir debates jurídicos sobre una discriminación política “de facto”.

En este sentido, la mandataria Claudia Sheinbaum ha optado, hasta ahora, por un tono institucional y respetuoso en la discusión pública, con una conducción política que privilegia el diálogo democrático y el equilibrio entre ética política y libertades ciudadanas.

Lo más sano, por no decir legal, deberíamos dejar que la sociedad decida ante candidatos que podrían, o no, tener lazos familiares, después de todo, la democracia se fortalece cuando la ciudadanía decide con libertad y cuando el poder acepta el veredicto de las urnas.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 .