Los integrantes del Congreso de la Unión tienen una tarea titánica para garantizar el derecho humano sobre el acceso al agua para todas las personas en el país, toda vez que hay registro de más de 21.3 millones de mexicanos que carecen de una red de acceso al agua potable.
Académicos de la UNAM advierten que, si continúa la tendencia negativa en este rubro gubernamental, sin inversión para tratar el líquido usarlo para producir alimentos, “tendremos una severa crisis de acceso al agua en el país para el año 2030”.
Aquí los datos, más de 28.9 millones de mexicanos no tienen acceso a una red de drenaje en sus hogares. De los 643 acuíferos que están ubicados en el territorio nacional, 160 tienen una situación de estrés hídrico, y 250 están en condiciones negativas para extraer agua de ellos.
De las 3.962 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, dos terceras partes están en situación de inoperancia; situación que provoca contaminación de los cuerpos de agua residuales.
De los 2.471 municipios del país, sólo 20 de ellos funcionan con números negros en sus finanzas, los demás (99.3 por ciento) organismos operadores de agua en el país están financieramente quebrados.
Se carece de una política pública hídrica de largo plazo; a pesar de la necesidad contribuir con tecnología para apoyar a los 83 distritos de riego que el país necesita, donde, por cierto, el distrito 001 de Aguascalientes está a la altura de las circunstancias.
De las 806 presas ubicadas en todo el país, se concentra en 210 el 80 por ciento del agua para consumo humano en todo el territorio nacional. A México le duele el agua y estamos en la antesala de estar en un nivel de alarma en materia de seguridad nacional.
Es urgente una inversión de más de 120 mil millones de pesos al año, sólo para cuidar el líquido en el país, según advirtieron los académicos de la UNAM en el foro: México y la guerra del agua, que se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Por este motivo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han urgido a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores a confeccionar una Ley general en materia de agua, que ponga en el centro de la discusión el derecho de las personas a obtener agua suficiente para el consumo humano.
Punto Cero
En el circuito judicial federal la cosa está que arde. Sucede que los magistrados de Yucatán, Pablo Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eden Wynter García, aceptaron tener una relación familiar y de negocios con el empresario Fernando Ponce García, personaje identificado por promover un litigio que mantienen en la cárcel a Ermilo Javier Castilla Ponce, pero se negaron a recusarse en este caso. Este caso ya es del conocimiento de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN), quien ya atrajeron el tema.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
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