¿La ausencia como costumbre?

Columnas miércoles 08 de abril de 2026 -

Sin duda, durante décadas, México ha acumulado cifras, reformas al marco legal y muchas promesas. La resolución del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha situado a nuestro país dentro de una de las crisis humanitarias más severas en el mundo, que atraviesa sexenios, ideologías y estrategias fallidas.

Desde el sexenio del panista Felipe Calderón este fenómeno adquirió una dimensión nacional. Con el priista Enrique Peña Nieto estos hechos delictivos no cedieron, por el contrario, aparecieron desastrosas escenas, como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que cimbró al país entero.

El más reciente señalamiento de los integrantes del Comité, que integra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descarta acusar al Estado mexicano de una política deliberada. Sin embargo, advierte, una incapacidad estructural para contener, investigar y sancionar estos hechos delictivos.

Hay que descartar que este Comité internacional busque sustituir a las autoridades mexicanas; por el contrario, solicita a la asamblea general de la ONU ofrecer apoyo técnico, financiero y especializado. En términos simples, plantea ayudar a México a resolver lo que no ha podido resolver por sí mismo.

Aunque el gobierno federal dio a conocer que no aceptaba la resolución internacional, hay que recordar que, el propio Estado mexicano aceptó las observaciones de los mecanismos al suscribir la convención el 6 de febrero de 2007, mecanismo que fue adoptado por la asamblea general de la ONU el 20 de diciembre de 2006.

Pero el problema no radica en la existencia -o no- de un marco legal que atienda este tipo de delitos, sino que existe un vacío en la eficacia de la gobernanza entre los registros y protocolos de actuación para atenderlos, que en este caso recae en la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las familias de personas desaparecidas lo saben. Ellas han construido, con recursos propios, la mayor red de búsqueda del país. En muchos casos, han encontrado lo que el Estado no pudo, o no quiso encontrar. Hay que recordar que, en la víspera, Ceci Flores Armenta, activista mexicana, fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, encontró parte de los restos de uno de sus hijos desaparecidos hace seis años, Marco Antonio; y que a la fecha suma más de 5 mil personas encontradas por ellas, sólo por este grupo.

Por este motivo, la intervención internacional, lejos de ser una intromisión, podría representar una oportunidad. Países con crisis similares han recurrido a asistencia externa para fortalecer capacidades forenses y de investigación, a partir de la experiencia de expertos, científicos y víctimas afectadas.

El debate público, sin embargo, se desplaza hacia la defensa política y una actitud mezquina de los grupos políticos de oposición. Se discute con el mensajero y se evade el mensaje. En este contexto, la responsabilidad no recae en un sexenio específico. El derecho internacional señala al Estado mexicano sólo como sujeto obligado, del desastre que dejaron políticos corruptos de administraciones de sexenios pasados.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017