¿La elección judicial en 2027 o 2028?

Columnas miércoles 13 de mayo de 2026 -

Todo apunta a que la segunda parte de la elección judicial se hará en 2028 y no el próximo año como se había previsto, para evitar que se junte con las elecciones intermedias donde los partidos van a disputarse 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, así como la renovación de congresos locales y presidencias municipales o alcaldías.

En particular, para que no se cuelen juzgadores corruptos e impreparados como sucedió en 2025, ante la falta de perfeccionamiento de filtros que garantizaran capacidad, experiencia y honestidad.

Como que no fue lo mejor el pase directo de quienes ya se venían desempeñando como juzgadores, que compitieron a pesar del incumplimiento en requisitos básicos como el promedio de calificación.

Además, sobre algunos de ellos pesaban acusaciones de corrupción y emisión de sentencias por consigna, que, por desgracia para la impartición de justicia, siguen ejerciendo como jueces y magistrados.

Por ejemplo. El magistrado Eduardo Torres Carrillo no cumplió con el requisito de 8 de promedio en la licenciatura de Derecho y tampoco con el promedio de 9 en las materias de su especialidad.

Por si fuera poco, goza de mala fama pública y está desacreditado porque antes de convertirse en magistrado, como juez, violó flagrantemente la Constitución al no resolver como lo marca la ley la situación jurídica de un detenido en el plazo de 72 horas.

Lo peor del caso es que su incumplimiento dio tiempo para que el detenido fuera torturado en el penal.

En otras palabras, Eduardo Torres Carrillo tiene cuentas pendientes con la justicia. Sus víctimas no pierden la esperanza de que tarde o temprano sea castigado este juzgador.

Debería estar en prisión o fuera del sistema de justicia. Para su suerte, sigue cobrando como magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Monterrey.

Por eso ahora los diputados y senadores quieren darse tiempo para perfeccionar los filtros, para cerrarle el paso a malos juzgadores, que, acostumbrados a saltarse las normas, buscan seguir lucrando con la justicia.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados es autor de la propuesta para posponer la elección judicial, hacerla en 2028 y no en 2027.

Ha venido construyendo el consenso entre los distintos partidos y sus propios compañeros, así como en instituciones que están conectadas o son protagonistas de la procuración de justicia.

¿Y qué es lo que quiere Ramírez Cuéllar?

1. Reducción y elección de candidatos. Un número menor de finalistas que permita a la ciudadanía tener mayor conocimiento de sus trayectorias, experiencias y desempeño previo como abogados o funcionarios judiciales.

2. Certificación y filtros. El proyecto busca establecer mecanismos para certificar los candidatos a jueces y magistrados, reforzando los filtros de selección para asegurar que lleguen los perfiles idóneos.

3. Reglas claras de campaña. Definir con precisión las reglas de las campañas electorales para garantizar un proceso limpio, transparente y de mayor calidad.

No sería ocioso que quienes participaron en la reforma judicial y jugaron un papel relevante en la realización del proceso anterior, la elección de 2025, contribuyeran con su experiencia para corregir cualquier deficiencia que se pudiera haber registrado.

La anterior elección se tuvo que realizar bajo la presión de fuerzas opositoras alentadas desde la vieja Corte que presidía Norma Piña, que por todos los medios intentó echar abajo la reforma. Hubo irrupción de manifestantes en la sesión del Senado que tuvo que continuar sus trabajos en sede alterna y la ministra Piña llegó al extremo de querer establecer en su tribunal un nuevo criterio de mayoría calificada, con tal de imponer aberraciones jurídicas.

Ciertamente el país no vive en la opulencia, se cuida el dinero y se procura la austeridad. Hay quienes argumentan la falta de recursos extraordinarios para organizar la elección en 2028. Prefieren que se haga en 2027, junto con las elecciones intermedias.

Sin embargo, lo barato puede salir caro y en este caso tiene la mayor importancia darle al pueblo de México el poder judicial que se merece, garantizarle impartidores de justicia capaces y honestos.

Además, hacer todo junto, el mismo día, el mismo año, complicaría la operación del INE y podría causar confusión entre los ciudadanos a la hora de emitir su voto ante tantas boletas y nombres.

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