¿Por qué desapareció la CNS?

La justicia en México no es pronta ni expedita y en ese sentido se incumple lo establecido por la Constitución. Va un ejemplo, probado.

Hace más de 11 años, periodista fue torturado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación. Dicho organismo desapareció al inicio del actual gobierno. Sus atribuciones pasaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La propia Comisión Nacional de Seguridad admitió la tortura contra el periodista, en respuesta a la Recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La parte afectada presentó demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con el propósito de que se valorara su situación y fuera indemnizado por la agresión sufrida.

El asunto llegó a la sala superior del tribunal, que por unanimidad resolvió que procedía la reparación del daño, moral y física.

Revisó, valoró pruebas que están en el expediente y ordenó peritajes para medir la magnitud del agravio.

En su oficio 110/25670/23 da cuenta que los peritos han concluido su trabajo, por lo que “toda vez que la presente carpeta se encuentra debidamente integrada, túrnense los autos que integran el presente juicio al magistrado ponente, a fin de que formule el proyecto relativo al incidente para cuantificar de manera justa el perjuicio causado al accionante respecto del daño físico sufrido como consecuencia de los actos de maltratos y tortura, y se resuelva lo que en derecho proceda ante el pleno jurisdiccional de la Sala Superior de este tribunal”.

No hay la menor duda de que la tortura existió.

Por los mecanismos que establece la normatividad para que se atienda la resolución de la autoridad administrativa, tardaría meses o más de un año determinar el monto y concretar la remuneración.

Independientemente de la estimación que se haga, queda constancia que en 2012 (Felipe Calderón gobernó de 2006 a 2012 y Enrique Peña Nieto de diciembre de 2012 a 2018) se torturaba en México, con la presunta complacencia de autoridades.

Si el afectado no hubiera presentado queja, denuncia y demanda, el episodio oficialmente no existiría.

Es el único caso que se le ha podido comprobar a la extinta Comisión Nacional de Seguridad. No hay precedente de ningún otro. Como consecuencia de la probada tortura y otras posibles agresiones, el gobierno entrante en 2018 decidió acabar con la CNS.

Los torturadores, como sucede en muchos casos, llegaron al extremo de amenazar de muerte al periodista, por si habría la boca.

A pesar de la advertencia, la denuncia y demanda fueron presentadas ante las instancias judiciales.

Por lo que se refiere al proceso por daño moral, todavía no concluye por diferencias en las cifras. De acuerdo con la ley en la materia, la agresión para efectos contables debe de ser considerada a partir del mes y año en que ocurrió, no después como se pretende aplicar.

De lo que no hay duda es que la justicia, en este caso probado, no es pronta ni expedita como lo manda la Constitución.

Por eso, la propuesta del Ejecutivo que analiza la Cámara de Diputados, para ponerle plazo de un año a la resolución de procesos penales, podría ampliarse a otros ámbitos como el administrativo y civil.

@zarateaz1

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