¿Qué vamos a discutir hoy?

La agenda de la discusión pública ha sido dominada por el presidente de la República, su partido y sus legisladores, desde que se confirmó su triunfo electoral en 2018. Desde antes de asumir el gobierno, Andrés Manuel López Obrador y sus partidarios han definido los temas a discutir y analizar en los medios de comunicación, las redes sociales, las pláticas familiares y en la sobremesa. Siempre polarizadores, por cierto.

Pero hay temas que van y vienen en esa agenda efímera que no culminan en una política pública, a una legislación o una acción ejecutiva para solucionarlas. Entre esos temas, hay algunos relacionados con el acceso a la información y la libertad de expresión: los asesinatos de periodistas, las amenazas desde instancias públicas y el crimen organizado contra medios de comunicación y usuarios de redes sociales, la constante negativa de cumplir con las obligaciones de transparencia y la atención de las solicitudes de información, poniendo toda suerte de pretextos. Los gobiernos y congresos morenistas se han distinguido a nivel federal y local por sus trabas ridículas de opacidad.

El uso de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil fue una de las más nefastas y perniciosas herencias de la corrupta administración de Enrique Peña Nieto al actual gobierno. Esto derivó en el retiro de las organizaciones de la sociedad civil de las instancias que impulsaban la agenda de gobierno abierto. La actual administración no ha demostrado que el espionaje haya cesado y mucho menos se ha castigado a quienes lo cometieron. La promesa democrática de un Estado abierto en sus ramas ejecutiva, legislativa, judicial y en toda instancia pública ha sido muy pobre. Lo que hoy tenemos de gobierno abierto, parlamento abierto o justicia abierta está todavía en pañales.

A diferencia de otros países, en México se teme a las grandes empresas para que sean incorporadas a un régimen de rendición de cuentas y obligaciones de transparencia, a pesar de que su actividad tiene serios e innegables impactos en la salud, educación, trabajo, medio ambiente, alimentación, seguridad y bienestar de la población, así como en el desarrollo de nuestra vida pública. En vez de ser transparentes, optan por renovar sus acuerdos corruptos con las autoridades para mantenerse en la impunidad y la opacidad.

En materia de protección de datos personales y privacidad hay también una agenda pendiente, pero se opta solo por debatir si conviene o no regular las redes sociales a partir de una deficiente iniciativa. Hace unas semanas, se discutía si el expediente clínico del presidente debía ser o no público, en aras de un interés público y seguridad nacional frente a su derecho a la privacidad. Apenas recuperó la salud y el tema quedó otra vez archivado, pero es un pendiente que volverá tarde o temprano al escenario.

Se quiere regular las redes sociales para que las gigantescas empresas no tengan el monopolio de decidir quién puede publicar y qué contenido debe ser retirado, pero no se discute si es viable o no implementar el derecho al olvido para que los usuarios mexicanos de internet puedan ejercerlo cuando se afecten sus derechos (al honor, la privacidad y la intimidad, por ejemplo), en qué casos sería viable y cómo hacerlo sin afectar el derecho a la información, a la expresión, a la memoria y a la verdad.

Los temas que interesan a quien ejerce el poder y a quienes le hacen coro no siempre se corresponden con el verdadero interés general.