¿Quién porta armas y de qué tipo?

Uno de los grandes problemas que tenemos en México es la enorme cantidad de armas que están en manos de civiles, pero también en manos de elementos activos de corporaciones policiacas en los ámbitos estatales y municipales. De acuerdo con nuestra Carta Magna, el uso de las armas no es, ni de lejos, arbitrario. Por el contrario, se trata de uno de los ámbitos de regulación más estricta pues, el ejercicio del monopolio de la violencia legítima debe apegarse a disposiciones que garanticen a la población el máximo nivel de seguridad posible.

Desde esta perspectiva, una de las cuestiones pendientes, y que es de la mayor gravedad, es la ausencia de protocolos apropiados para la evaluación psicológica del personal de las fuerzas armadas y del orden público, pues no se realizan los perfiles criminológicos apropiados para determinar si las personas uniformadas, están o no capacitadas, en términos de salud mental, para portar armas de fuego, y tener la autorización legal y constitucional de utilizarlas en contra de otras personas, en las situaciones que están reguladas en nuestro orden jurídico.

En este contexto, no es un hecho aislado que las y los integrantes de cuerpos policiacos o incluso de fiscalías estatales y de policías de investigación, porten o posean armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, o incluso de procedencia ilegal.

Al respecto, hay un caso reciente de un ex policía federal, quien fue detenido en posesión de armas para las cuales no tenía autorización. La SCJN discute el tema y, la propuesta de sentencia que ha postulado el Ministro González Alcántara Carrancá, busca declarar como constitucional las disposiciones que establece en la materia la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos.

México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Los cárteles operan con un nivel de organización y armamento que muchas veces supera al de las propias fuerzas estatales. En este contexto, es fundamental que los servidores públicos encargados de la seguridad actúen con estándares de profesionalismo y ética intachables. Cuando un elemento de las fuerzas de seguridad comete un delito con un arma de fuego, no solo traiciona la confianza pública, sino que fortalece los vínculos entre el crimen y el Estado, alimentando una espiral de impunidad.

El caso en cuestión es emblemático. El ex policía federal no solo fue hallado en posesión indebida de un arma, sino que su detención estuvo ligada a delitos graves, como robo y posible narcotráfico. Esto revela un patrón recurrente en México: la complicidad de elementos de seguridad con el crimen organizado. Frente a este panorama, flexibilizar el castigo a este tipo de conductas enviaría un mensaje de permisividad y debilidad institucional.

El Estado mexicano no puede permitirse ceder en la aplicación de la ley en un tema tan crítico, y no debe permitir que la crisis de seguridad pública se agrave aún más por la indebida actuación de sus uniformados. No se trata de una cuestión menor, sino de un asunto de supervivencia del Estado de derecho en un país sitiado por la violencia.

Investigador del PUED-UNAM