3 de mayo

En efecto, el 7 de junio se había internalizado en el medio periodístico como el día en el que los editores de medios agradecían al gobierno federal (y a nivel estatal y municipal se reproducía también ese rito) que permitiera el ejercicio de ese derecho, sus ayudas del más distinto tipo, incluyendo en algunos casos el obsequio de terrenos y casas (colonia del periodista se llaman algunos fraccionamientos a lo largo y a lo ancho del país) así como, de entrada, la existencia de una copiosa partida destinada a la publicidad oficial. Sé que suena absurdo visto en retrospectiva, pero no había una racionalidad, sino que simple y sencillamente era una realidad que ahí estaba y había que respetar. En ese periodo, el conflicto de interés, la connivencia y la colusión entre el gobierno, objeto de escrutinio, y los medios (al menos la inmensa mayoría de ellos) que hacían la labor de vigilancia del quehacer público, permanecían a buen resguardo. Vamos, todavía hasta hace algunos años, después de 2003, la información de asignaciones de pautas publicitarias era información ¡reservada y confidencial!, en Veracruz y otros estados. La apertura informativa en éste y otros rubros se tradujo en una práctica concreta en la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, merced al compromiso con la transparencia del titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien actuó con apego a la ley por obligación y convicción en esos años donde hubo un avance sin precedentes en este rubro para desfallecer años después. De esta suerte, se pudo por vez primera tener acceso a los montos, objeto y criterios de distribución de la publicidad oficial en el ámbito federal. Poco a poco las entidades federativas fueron haciendo lo propio sin prisas y con muchas pausas hasta el día de hoy.

Ese estigma que de pronto le cayó encima al 7 de junio hizo que distintos medios y periodistas buscaran desmarcarse y la fecha del 3 de mayo, establecida por la ONU en 1993, fue la mejor opción para iniciar una reforma de comportamiento de esa conspicua relación gobierno-medios. Muchas resistencias hubo en la puesta en marcha de ese cambio. Como parte de la liturgia mexicana se había creado en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles el Premio Nacional de Periodismo e Información que organizaba la Secretaría de Gobernación. Hoy visto a la distancia parece un despropósito que el vigilado premiara al vigilante, pero la fuerza de la tradición podía más que la racionalidad. Se argumentaba que había otros premios previstos en la citada Ley, pero no se decía que no era lo mismo el premio de méritos cívicos o el de la juventud que el de periodismo por su papel en la definición de la agenda pública y que la credibilidad de un medio reside en su distancia de su objeto (o por lo menos uno de sus principales objetos) de información y análisis. Al final del día se logró que se derogara de la citada Ley el premio de periodismo, actividad que retomó un consejo ciudadano del Premio para que fueran pares, académicos y organizaciones civiles las que organizaran ese reconocimiento, tarea que se mantiene a la fecha. Falta todavía mucho por cambiar, pero por el método de aproximaciones sucesivas va edificándose un nuevo panorama que, más tarde que temprano, permitirá que los medios que cumplen con su principal obligación ética, el autosustento, sean la regla y no la excepción en la oferta informativa del país como hoy sucede a lo largo y a lo ancho de México.