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A 11 años del asesinato de Bonfilio a manos de militares

A 11 años del asesinato de Bonfilio a manos de militares

Nación jueves 25 de junio de 2020 - 01:20

Por Luis Carlos Rodríguez G.
luis.rodriguez@contrareplica.mx

Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua se despidió de sus padres al mediodía del 20 de junio de 2009, en Tlazala, Guerrero. Quería dejar atrás la extrema pobreza arraigada para cientos de miles que viven en zona de La Montaña para trabajar en Nueva York. Horas más tarde fue ejecutado en un retén del Ejército mexicano.

Su caso fue atendido y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exoneró al responsable. Ahora su familia espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita el expediente para que se haga justicia por lo que se considera una ejecución extrajudicial.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Robert F. Kennedy Human Rights señalan que el caso de Bonfilio es emblemático por la sistemática militarización de la seguridad pública en México y el modelo que persiste en el actual Gobierno de la Cuarta Transformación, que le está dando cancha amplia a las Fuerzas Armadas con el reciente decreto presidencial.

De acuerdo con el expediente que analiza la CIDH, el 20 de junio de 2009 fue ejecutado Bonfilio extrajudicialmente en un retén militar por elementos del Ejército mexicano. Su caso, como muchos otros en el país, se vio fuertemente marcado por un contexto de pobreza, desigualdad, militarización e impunidad.

Aquel día, Bonfilio, migrante e indígena guerrerense, abordó un autobús de la línea El Sur, con rumbo a la Ciudad de México como parte de su camino hacia Estados Unidos. Ese viaje era una respuesta ante la falta de oportunidades en la región. El autobús en donde viajaba fue detenido alrededor de las 22:30 en un retén militar, en la entrada del poblado de Huamuxtitlán, Guerrero, con el argumento de una “revisión de rutina”.

“El proceder de los militares fue desproporcionado, accionando sus armas contra el autobús por el hecho de que el chofer se subió molesto porque no le permitieron llevarse al pasajero que portaba las botas. Ejecutaron en ese momento a Bonfilio”, dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.

En entrevista con ContraRéplica, expuso que el caso de Bonfilio sintetiza las consecuencias funestas de la militarización que tiene cancha amplia para realizar tareas de seguridad pública, como el actual decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vemos claramente que en retén militar ilegal del 93 batallón de Infantería se detuvo a un autobús con pasajeros que no representaban un riesgo ni amenaza para nadie. Los soldados actúan como si fuera un frente de guerra, desde el hecho mismo de utilizar armas de alto poder, de rodear al autobús, de actuar de forma autoritaria frente a la población y someterlos, obligarlos a quedarse por el sólo hecho que un pasajero era sospechoso por llevar botas militares”.

Dijo que es muy grave que un retén militar se utilice la fuerza letal para privar de la vida a un joven indígena. “Vemos cómo se hacen añicos los sueños de la gente con la militarización en el país que persiste en este gobierno”.

El antropólogo Abel Barerra agregó que este “es el modus operandi del Ejército” que persiste en el actual sexenio, con un modelo de militarización en las calles, donde se trata a la población como alguien al que hay someter, amedrentar, imponer la ley marcial y a la que hay que finalmente asesinar, cuando ellos determinan que se atentó contra su seguridad, sus órdenes o su palabra”.

Agregó que ese es el trasfondo del tema que hoy es actual, el darle facultades al Ejército de que no tengan controles civiles, que puedan actuar sin que rendir cuentas a la autoridad civil y al mismo tiempo puedan hacer detenciones y actos de investigación.

De acuerdo con el expediente, la SCJN emitió una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar y ordenó que el caso fuese conocido en la justicia civil. Sin embargo, aunque la investigación se trasladó al fuero civil, la línea de investigación impulsada en el fuero militar se mantuvo, por lo que en 2014 se absolvió al único militar procesado.

“Es claro ver cómo se construyen argumentos para generar impunidad y avalar esta ejecución extrajudicial”, agregó Barrera, quien confió en que la CIDH admita este caso para investigación y obligue al Estado mexicano a que no quede impune esta ejecución extrajudicial.

Ante la imposibilidad de acceder a la justicia en México, en enero de 2017 la familia decidió acudir ante la CIDH con una petición que detalla las violaciones a derechos humanos en el caso, incluyendo al derecho a la vida y a la integridad personal, así como a las garantías judiciales y la debida protección judicial, todos ellos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso de Bonfilio retoma nuevamente gran relevancia ante la reiteración de la estrategia de militarización de la seguridad pública por parte de la actual administración en México. El 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de materia extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Con este acuerdo presidencial, se extralimitan las facultades de las fuerzas armadas y se autoriza su despliegue en todo el país, permitiéndoles ejecutar detenciones, asegurar bienes, realizar control migratorio y su permanencia en las calles que se venía dando de facto con la Guardia Nacional.

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A/CR

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