ANTESALA DE LA REFORMA ELECTORAL

Columnas jueves 03 de noviembre de 2022 -

Transcurrida la celebración del Día de Muertos, se vienen intensos debates en torno a la Reforma Electoral que Morena pretende sacar adelante. Todos los sectores sociales se han pronunciado, unos en contra y otros a favor, pero conviene detenerse en dos de ellos: los empresarios y la Iglesia Católica.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuyo titular es José Medina Mora, hizo llegar a Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que encabeza Ignacio Mier, una carta en la que a nombre del empresariado advierte que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, “no garantiza los procesos electorales confiables y afectará la contienda por la presidencia de 2024”, además de que insistieron en que no fortalece a la democracia, al contrario.

El sector empresarial prende “focos rojos” en que dicha Reforma Electoral, de aprobarse, entraría en operación en las elecciones del 2024 y definitivamente, “cambiará radicalmente el sistema electoral en México y la gestión de su proceso electoral. Anteriormente todas las reformas electorales constitucionales habían sido propuestas por la oposición”.

Esto último es cierto, por lo que ahora podría decirse que estamos frente a una reforma oficialista que en sí misma tiene algunas “trampas” para que sea aprobada, como por ejemplo, muy pocos podrían no estar de acuerdo en que se reduzcan los recursos que se les otorga a los partidos políticos, o en reducir el número de legisladores. Ambas propuestas razonables, son las verdades que rodean una riesgosa verdad que sería nombrada Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, (INEC) y que intenta adueñarse de los procesos electorales.

Pero además, nos remite a las épocas en las que la oposición luchó para que las elecciones adoptaran un carácter ciudadano. Ahí está el primer Consejo que presidió el entonces Instituto Federal Electoral, que encabezó José Woldenberg y que adoptó una función de árbitro electoral totalmente imparcial.

Casi al mismo tiempo la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM), emitió un comunicado muy contundente en el que destaca que “ningún ciudadano y menos los gobernantes, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano” y además reconocieron la tan importante labor que realiza en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Efectivamente y como lo señaló la CEM, el INE es una Institución ciudadana “que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía”. Contra eso no se puede estar.

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