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Columnas
El huracán Otis exhibió la vulnerabilidad estructural de Acapulco y de centenares de poblaciones de Guerrero, que no sólo están a merced de las organizaciones criminales que extorsionan, secuestran y asesinan con impunidad casi total; también demostró que las autoridades locales son casi ornamentales ante los desastres naturales.
Ya sabemos que, contrario a los sismos, los huracanes avisan con varias horas para resguardarse o huir, pero ya vimos que las alertas se prendieron a menos de cuatro horas del impacto. Han pasado semanas, y aún no sabemos el número de personas fallecidas. Increíble la falta de reflejos para prever la catástrofe inminente. No comprendo cómo se pudo inaugurar un evento con miles de asistentes a horas de impactarse un huracán que estaba por convertirse en categoría 5. Ni organizadores, ni autoridades. Nadie alertó. Así como me parece criminal la inacción gubernamental, también lo es la actitud de los dueños de las embarcaciones que obligaron a sus tripulantes a conservar sus barcos a toda costa. Hoy, la mayoría de las personas desaparecidas en Acapulco son esos marineros que creyeron poder sobrevivir a vientos de 300 kilómetros por hora. Pasada la emergencia, deberán estar en curso responsabilidades administrativas y penales contra funcionarios públicos omisos y contra los particulares que privilegiaron conservar sus bienes que garantizar la vida de sus trabajadores. En un Estado de Derecho en serio, nadie debe salir impune.
Y ante la tragedia, los únicos que han tenido reflejos felinos han sido las organizaciones criminales, que saquearon en menos de ocho horas todos los establecimientos mercantiles posibles, incluyendo bancos, centros comerciales y tiendas de conveniencia. Acabaron con víveres, gasolina y dinero en efectivo, para convertir a Acapulco en un set apocalíptico. Las organizaciones criminales no solo han creado un mercado negro de artículos de primera necesidad, también está en curso una campaña de invasión de inmuebles de plusvalía media y alta.
Ante los desastres, lo primero es garantizar el orden y la gobernabilidad, pero por los resultados, en las oficinas gubernamentales de Acapulco, Chilpancingo y la Ciudad de México, durmieron serenamente durante horas vitales.
Ya quedó claro que la reconstrucción será lenta, que el dinero público será a cuentagotas, que será el mínimo indispensable para paliar medianamente la emergencia, pero ninguna obra pública prioritaria en las oficinas de Ciudad de México tendrá retrasos en el presupuesto que ejercerán. Que la sociedad se arregle como pueda.
No hay sobre la mesa un plan para reconstruir Acapulco, que es el motor económico del pobre estado de Guerrero, ni altura de miras para que México alce la voz en el escenario internacional para ejemplificar que la emergencia climática ya está aquí, que cualquier puerto del mundo con mares sobrecalentados podrán tener catástrofes semejantes o peores; sin olvidar que tenemos el agravante de ser parte del cinturón de fuego del Pacífico, la zona sísmica más activa del mundo. Urgen gobiernos funcionales, competentes y con visión.