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Agua va

Agua va

Columnas jueves 11 de marzo de 2021 -

No me cansaré de recomendar a la politóloga Beatrice Hibou, una de las personas más lúcidas de la actualidad, para analizar si el Estado está retirándose, reconstruyéndose o simplemente (como ella sugiere) cambiando. Hay una tendencia en el mundo a privatizar los recursos naturales de los países, pero también los mecanismos de su comercialización y los medios de violencia requeridos para garantizar ese arreglo de propiedad y aprovechamiento. Es una realidad abierta en algunos países de África, como Argelia y Mozambique, y velada en otros países, como muchos de Latinoamérica, a través de marcos regulatorios que dejan la energía, el agua y otros bienes esenciales a merced de las leyes del mercado, pero un mercado con dados bastante cargados hacia empresas multinacionales. En este cuadro, nos encontramos con la noticia de que la jefa de Gobierno ha tomado el control del agua potable en la capital.

Para descubrir las razones subyacentes a esta decisión, hay que observar tres temas aparentemente no relacionados; a saber, el medidor de estrés hídrico de la zona metropolitana; el viraje de AMLO en su visión del desarrollo inmobiliario en esa misma entidad; y los objetivos que abiertamente persigue la reforma del sistema eléctrico. En primer lugar, hay una realidad inminente a la que casi todos están haciendo caso omiso: dentro de aproximadamente 10 años, 13 de las 16 alcaldías de la CDMX se quedarán sin agua, aquellas que son provistas del vital líquido desde el mismo sistema. No es una licencia lírica, sino un enunciado descriptivo. El sistema de agua está sobrexplotado y de a poco se han ido reduciendo las reservas.

Ahora bien, una parte importante del aumento de estrés hídrico en la CDMX se debe a la proliferación de edificios de departamentos y plazas comerciales en los últimos 20 años (también el aumento de la demanda eléctrica, que viene de plantas hidroeléctricas). Todos los gobiernos capitalinos han sido impulsores de la construcción, hasta que llegó el actual. A lo largo de los años, los grandes proyectos se fueron materializando y ya no había colonia sin su gran plaza y sus nuevos edificios de departamentos boutique, aunque estuvieran rodeados de zonas viejas y con servicios deficientes.

En ese momento, el desabasto de agua se veía lejano e improbable. La falta de nuevos polos de desarrollo acentuaron el problema y hubo un crecimiento exponencial e insostenible. Los gobiernos dejaron que sucediera porque; en primer lugar, significa empleo y crecimiento económico para las alcaldías y la ciudad en general; en segundo lugar, porque, paradójico, ese crecimiento también conlleva el aumento en ciertos indicadores del Índice de Desarrollo Humano de la ONU, es decir, se celebra.

Eso es lo que explica que la jefa de Gobierno actual, y el propio presidente de la República, hayan revirado en su política de expansión desarrollista capitalina, y desde que llegó el actual gobierno dijeron que “iban a revisar los contratos por corrupción”, y otras cosas, que redundaron en el freno a todos los permisos de construcción. Pocos recuerdan esto, porque fue antes de la pandemia, pero la construcción está en números rojos desde mucho antes de la crisis sanitaria. Según los desarrolladores, era porque los permisos estaban paralizados. Ahora el presidente dice que “ya tenemos que parar esa fiebre de construcción”. No es que no quiera los recursos y los números positivos que de ella provienen, sino que está viendo un problema mucho mayor a mediano plazo si eso continúa. Y qué bueno.

Lo anterior, se relaciona con la reforma eléctrica porque se busca lo mismo, aunque el marco jurídico era diferente y por esto también lo es la estrategia. El fin principal que busca la nueva ley del sistema eléctrico, dejando de lado las intenciones retroactivas en perjuicio de los privados, es asegurar una prelación de suministro energético a las propias plantas de la CFE antes que a los privados.

Es natural, porque cuando hay escasez, la energía se puede distribuir con criterios de emergencia y oportunidad política, y no de negocio, lo que no es tan malo como se oye, porque son criterios que pueden responder a incentivos distintos que el de quién tiene más dinero. Al retomar el control del agua en la CDMX, lo que está haciendo el gobierno es garantizar, también, que los criterios de prelación en el suministro, cortes y distribución, sean decididos por la autoridad pública. Y es que los cortes y el racionamiento serán cada vez más frecuentes. Está, en una palabra, desprivatizando el Estado. No lo lamento.


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/CR

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