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Anticorrupción en flujo

Anticorrupción en flujo

Columnas jueves 25 de junio de 2020 - 01:35

Sin duda, uno de los ejes centrales para la prevención y combate a la corrupción en México es la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), pues la importancia y los dientes de sus dispositivos son muy superiores a las reglas orgánicas del Sistema Nacional Anticorrupción. Entró en vigor en julio de 2017 y es reglamentaria de las normas constitucionales que dispusieron, en 2015, un renovado método de procesamiento de investigación, sustanciación, calificación y sanción de las conductas antijurídicas cometidas tanto por servidores públicos como por particulares que se involucran con ellos en actos de corrupción.

Desde el año pasado, esta ley empezó a discurrir por una cadena de modificaciones que bien podrían dificultar o retrasar su consolidación institucional. Todo empezó en marzo de 2019, cuando el Senado aprobó una muy necesaria reforma para adicionar, a la lista vigente de sanciones, la inhabilitación definitiva, coloquialmente conocida como muerte civil, aplicable en casos de faltas graves no sólo a los servidores públicos infractores, sino también a los particulares (personas físicas y/o empresas) que se involucren en la conducta ilegal. Esa reforma no fue aprobada por los diputados, pero su dictaminación podría reactivarse en cualquier momento.

El 12 abril de 2019, con motivo de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones, se promulgó la primera reforma a la LGRA, para adicionar, con acierto, la austeridad como principio rector de la administración de los recursos públicos y ampliar las definiciones de faltas graves como cohecho y desvío de recursos públicos.

El 19 de noviembre del mismo año, al aprobar la Ley de Austeridad, la propia Cámara de Diputados aprobó una segunda reforma a la LGRA, para incrementar de 10 a 13 las directrices que los servidores públicos deben observar en su desempeño, para asegurar, entre otras cosas, que no incurran en conflicto de interés en las contrataciones públicas, y les exige, por ejemplo, separarse oportuna y legalmente de los activos e intereses económicos que pudieran afectar directamente el ejercicio imparcial de sus responsabilidades.

Finalmente, hace unos días, la senadora coordinadora del Partido Encuentro Social presentó una iniciativa de reforma a la LGRA que, en su parte medular, propone que las personas físicas y morales que, a través de recursos federales contraten servicios y obra pública con los Entes públicos de la Federación, Entidades Federativas o municipios, estarán obligados a presentar, ante las Secretarías o los órganos internos de control respectivos, sus declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses.

Por la centralidad de esta ley, todos los actores políticos y operadores jurídicos podrían garantizar, quizá mediante un ejercicio de autocontención transitoria, la consolidación de esta norma, pues la necesitamos clara, estable y en toda su potencia para facilitarle su maduración y naturalización entre las autoridades que deben hacerla cumplir y su comprensión completa y oportuna entre quienes deberán obedecerla.





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/CR

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