Archivo y democracia

Columnas miércoles 20 de septiembre de 2023 -

En la administración pública, resulta básico y de vital importancia el correcto control y conservación de los archivos, no solo por ser uno de los objetivos que nos marca la Ley General de Archivos, sino también porque los archivos son el pilar de la transparencia, la rendición de cuentas y la memoria de nuestra sociedad.

No debe pasar inadvertido que, en la última época, los archivos, pero sobre todo los documentos en el mundo han experimentado transformaciones a raíz del avance en la tecnología y la sociedad. Cada vez es más latente la necesidad de mudar la documentación a una infraestructura digital y tecnológica, ello para eliminar fronteras, reduciendo distancias, aprovechando de una mejor manera el tiempo y eficientizando nuestra labor.

Como se estableció en la Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada en la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, Oslo, septiembre de 2010.

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos, son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas …”

Por ello, es indispensable continuar fortaleciendo entre las autoridades de todos los niveles de gobierno y población en general, la cultura de la gestión documental, teniendo como eje central el ejercicio ciudadano del derecho a la información, ya que de no contar con documentos y archivos en los que se pudieran revisar el ejercicio de los recursos públicos, se incurriría no solo en una violación a los derechos humanos, sino que se pondría en peligro el sistema democrático.

En ese sentido, a fin de poder evaluar de manera objetiva a nuestras administraciones, se insiste en fomentar la gestión documental como una herramienta sólida que, acompañada de gobiernos abiertos, transparentes y que rindan cuentas, se contribuiría eficazmente a combatir la corrupción, erradicar la impunidad y reducir la brecha de la desigualdad social.

Conviene mencionar que, para lograrlo, se deberán incluir varios actores, como lo son, los titulares de las instituciones públicas, el personal profesional en materia de archivos, auditores conocedores de la gestión documental y los órganos internos, que no solo generen auditorías archivísticas, sino también, en caso de presuntos hechos, acciones o conductas que contravengan lo establecido en la Ley General de Archivos, den vista de manera oportuna a la autoridad correspondiente.

Recordemos que, los documentos dentro de las investigaciones son vitales, pues de la recopilación de estos, surgen los indicios en los que puedan concluir en conductas que pudieran configurarse ya sea como faltas administrativas o bien, como delitos.

Finalmente, en vísperas de los próximos cierres de las administraciones actuales, cobra mayor relevancia que dichos gobiernos cuenten con una entrega-recepción debidamente documentada y así consolidar un legítimo sistema democrático.

José Adrián López Frausto. Egresado de la licenciatura en derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudiante de la Maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. @jadrianlopezf

“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, pr 1otección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país. ¡Hagamos lo que nos corresponde!