Archivos, derechos y democracia

Hay que empezar, empero, con una nota de previo y especial pronunciamiento: los archivos ya no son, afortunadamente, un sitio o bodega a la que se enviaba a los indeseables como reprimenda o advertencia, al menos en el sector público.

Las nuevas normas de archivos disponen hoy una función institucional de primer orden que obliga inclusive a partidos, sindicatos y particulares en ciertos supuestos. Su adecuada gestión requiere además una estructura ejecutiva, capacitada y experimentada que permita considerarlos a la luz de su importancia superlativa, dispuesta en la Ley General de Bienes Nacionales, que los clasifica, en sus diversas manifestaciones, inclusive la electrónica, como sujetos al régimen de dominio público de la Nación.

Con todo y sus ventajas, cualidad innovadora y trascendencia histórico-política, el enfoque de ponderar y ver así a los archivos no es una idea exclusivamente mexicana.

De acuerdo a la Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada el 11 de noviembre 2011 durante la trigésimo sexta reunión de la Conferencia General de la UNESCO, los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria; conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación.

Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado y son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan además un papel indispensable en el desarrollo social contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. Adicionalmente, dice que el libre acceso a los archivos enriquece la transparencia y nuestro conocimiento de la sociedad.

En los archivos encontramos y plasmamos el rastro documental y la evidencia palmaria de la deliberación y resoluciones de los gobiernos cuando ejercen el oficio de la función pública al servicio de México. En ellos vemos la historia de nuestro país conformándose poco a poco, programa por programa y política pública por política pública.

Estas nuevas concepciones y convicción archivísticas ha estado enfrentando resistencias burocráticas e inercias administrativas, sobre todo de los opacos, omisos y corruptos. Es decir, el reto de “naturalizar” la función y sus normas, instituciones y procedimientos requerirá del más comprometido apoyo de las y los titulares de las dependencias y entidades de orden federal, estatal, municipal y autónomo.

Ellos y ellas deberían saber que los archivos también forman parte fundamental de nuestra memoria histórica y bagaje cultural y que ambos nos garantizan un extraordinario sentido de identidad nacional. Como bien dice la UNESCO, el acceso a los archivos “promueve la democracia, protege derechos ciudadanos y mejora la calidad de vida”.

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