Claudia Bolaños
La organización Artículo 19 afirmó que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas de considerar el caso de México para su eventual discusión en la Asamblea General representa una oportunidad clave para visibilizar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y colocarla en el más alto nivel del debate internacional.
Indicó que esta determinación no es un hecho aislado, sino el resultado de más de una década de observaciones, recomendaciones y seguimiento por parte de instancias internacionales sobre la situación de derechos humanos en México. Precisó que el proceso inició desde 2012, cuando comenzaron a documentarse de manera sistemática las deficiencias del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
A lo largo de los años, agregó, diversos informes han advertido sobre patrones persistentes de impunidad, falta de coordinación institucional y debilidad en los mecanismos de búsqueda, lo que ha derivado en una crisis que afecta a miles de personas y sus familias.
El Comité concluyó que existen indicios fundados de que en México se han cometido y continúan ocurriendo desapariciones forzadas como parte de prácticas que podrían considerarse generalizadas o sistemáticas. Este señalamiento abre la posibilidad de que estos hechos sean analizados bajo estándares internacionales que los ubican como posibles crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría un escrutinio más riguroso sobre las acciones y omisiones del Estado.
Artículo 19 sostuvo que este escenario representa una oportunidad para que las autoridades mexicanas reconozcan la dimensión real del problema y modifiquen el enfoque con el que se ha atendido. Señaló que durante años las desapariciones han sido tratadas como hechos aislados o casos individuales, sin atender su carácter estructural ni las dinámicas de macrocriminalidad que las sostienen.
Advirtió que desestimar la decisión del Comité o interpretarla como una injerencia externa podría agravar la situación, al perpetuar la falta de respuestas para las víctimas. Por ello, subrayó la importancia de asumir el pronunciamiento como un llamado urgente a fortalecer las capacidades del Estado en materia de investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Entre los principales retos identificados se encuentran las fallas estructurales en los sistemas forenses, la limitada coordinación entre autoridades federales y locales, así como la insuficiencia de recursos humanos y técnicos para atender la magnitud del fenómeno. A ello se suma la posible participación o tolerancia de autoridades en algunos casos, lo que complica el acceso a la justicia y profundiza la desconfianza de las familias.
La organización destacó que cualquier estrategia efectiva debe colocar en el centro a las víctimas y garantizar su participación activa en los procesos de búsqueda e investigación. También insistió en la necesidad de combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de las fiscalías, la profesionalización de los cuerpos de investigación y la generación de datos confiables que permitan dimensionar el problema con mayor precisión.
Señaló que la eventual discusión del caso mexicano en la Asamblea General de la ONU podría generar mayor presión internacional para que el Estado adopte medidas concretas y medibles frente a la crisis, por lo que llamó a las autoridades a aprovechar este momento para replantear su política en materia de desapariciones y avanzar hacia soluciones integrales acordes con la gravedad del fenómeno.