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Auditorías Superiores y autenticidad democrática

Auditorías Superiores y autenticidad democrática

Columnas jueves 18 de marzo de 2021 - 01:07

Aceptémoslo. Cuando funcionan, son valientes, se comprometen con la Constitución y no les importa la política, las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) son ejes fundamentales en la moderna arquitectura normativa e institucional de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Con las atribuciones, presupuesto y autonomía adecuados, son auténticos soportes de la legitimidad social del sistema político. Con los o las titulares adecuadas, son garantía de vigilancia externa y eficacia interior.

En su ensayo clásico Pilares de la Integridad: la importancia de las Auditorías Superiores en el combate a la corrupción, Kenneth Dye y Rick Stapenhurst así las calificaron. Otra aportación fundamental del texto es el concepto de Sistema de Integridad Nacional. Es el conjunto de 8 pilares que se implican entre sí y sostienen la ética pública de una nación: voluntad política, reforma administrativa, Congreso, Sociedad informada y activa, Poder Judicial, Medios de Comunicación, Sector Privado y Agencias de Vigilancia (Ombudspersons y Auditorías Superiores). Cuando uno de estos pilares falla o cae, la carga se multiplica para el resto, haciendo crujir al conjunto.

En efecto, la función de las EFS brinda credibilidad a lo que el gobierno ha informado y provee invaluables elementos de información y validación (o contradicción, en su caso) revistiendo el ejercicio completo de rendición de cuentas de calidad profesional, técnica y pericial.

Con sus recomendaciones preventivas o correctivas, si son oportunas, están bien planeadas, expresadas y comunicadas, contribuyen claramente a una mejora continua de la operación de procesos y programas públicos. Fortalecen también la lucha contra plagas como la sobrepresupuestación y el subejercicio, claves de la corrupción estratégica moderna.

Atemperan además la arbitrariedad y el desorden y contribuyen a simplificar reglas barrocas, actualizar las antiguas, expedir nuevas donde no había y a transitar hacia las características contemporáneas del gobierno abierto, más que transparente, haciendo de la rendición de cuentas verdadera un componente básico de la gobernanza del siglo XXI.

Por el contrario, creo, si simulan el combate a la corrupción, minan desde sus cimientos su propia credibilidad y la integridad pública misma, al eximir al funcionario de comparecer ante la sociedad y darle cuentas de su desempeño.
En otro gran aporte, los autores acuden a la fórmula de Robert Klitgaard, y la mejoran, para explicar la corrupción: C = M + D – AT, en donde C es la corrupción, M es monopolio de poder, D es discrecionalidad, A es Rendición de Cuentas (Accountability) y T es Transparencia, que es el elemento que ellos adicionan. En español: La dimensión de la corrupción depende del tamaño del monopolio del poder y la discrecionalidad del funcionario en cuestión, pero también del avance y alcance de la Rendición de Cuentas y la Transparencia.

En esa ecuación, las auditorías superiores y la rigidez de su columna vertebral jugarían un papel fundamental, si las dejaran.

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/CR

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