En el Estado de México, las denuncias por contaminación ambiental supuestamente ligadas a gaseras han desencadenado una serie de acciones por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). Inspecciones y clausuras se han llevado a cabo en estos establecimientos, sin embargo, preguntas legítimas han surgido en cuanto a la dirección selectiva de estas acciones y posibles complicidades en las autoridades.
Las acusaciones señalan una aplicación desigual de estas medidas. Mientras las manifestaciones locales contra estas instalaciones han tenido resultados limitados, denuncias anónimas parecen ser excepcionalmente efectivas cuando involucran a competidores de grandes gaseras monopólicas. Esto ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de complicidad por parte de las autoridades reguladoras.
Fuentes de Pemex y la Comisión Reguladora de Energía han coincidido en que la mayoría de empresas beneficiadas por descuentos en la venta de gas LP provienen del Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza. Estos descuentos, concedidos sin criterios claros en tiempos pasados, parecen haber sido facilitados por grupos políticos locales en el Estado de México.
El proceso sigue un patrón: denuncias ciudadanas sobre posible contaminación ambiental llevan a inspecciones por parte de la Propaem para verificar las autorizaciones en materia ambiental de las gaseras. Si hay incumplimiento, se procede con la clausura. Operativos recientes, como los realizados contra Grupo Uribe, Polgas y Sonigas, plantean cuestionamientos sobre la equidad en su aplicación.
La justificación detrás de estas acciones se centra en presuntos delitos medioambientales, resultando en detenciones por delitos ambientales y cohecho. Sin embargo, las denuncias ciudadanas para cerrar gaseras cerca de áreas sensibles parecen ser ignoradas, lo que sugiere una aplicación selectiva de las medidas.