Claudia Bolaños
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este miércoles un proyecto impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que busca proteger a las comunidades frente a riesgos derivados de la instalación de gasolineras en zonas urbanas.
El fallo avala la constitucionalidad del artículo 35, fracción VI, del Reglamento Urbano para Estaciones de Servicio en Quintana Roo, el cual establece distancias mínimas entre gasolineras. La norma había sido impugnada por empresas del sector energético, que argumentaban una invasión a las competencias federales en materia de hidrocarburos.
No obstante, el proyecto de la ministra Esquivel subrayó que la regulación no se refiere al manejo ni a la distribución de combustibles, sino que tiene como fin garantizar la seguridad civil y el ordenamiento urbano en zonas habitadas. La Segunda Sala coincidió en que se trata de una medida legítima y constitucional.
“La disposición impugnada no invade la esfera federal, pues no regula directamente el mercado de hidrocarburos, sino que busca prevenir riesgos y proteger a la población”, señaló la ministra ponente.
De acuerdo con el fallo, los estados y municipios pueden establecer este tipo de regulaciones en el marco de sus competencias concurrentes con la federación en materia de seguridad y protección civil.
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