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Baraja nueva. ¿Nueva Constitución?

Baraja nueva. ¿Nueva Constitución?

Columnas jueves 18 de marzo de 2021 -


El presidente de la República sabía perfectamente que los particulares iban a ampararse contra la entrada en vigor de la reforma eléctrica. Debería haber sabido también (a través de su consejero jurídico) que se les concedería fácilmente la suspensión provisional. Sin entrar a detalle, los jueces de amparo no entran al fondo del asunto cuando conceden una suspensión (por eso no es una sentencia, sino una medida provisional), así que no equivale a pronunciarse ni sobre las bondades de la soberanía energética, ni sobre la moralidad o inmoralidad de los inversionistas españoles. Esto se trata simplemente de un análisis técnico sobre perjuicios de imposible reparación que quieren evitarse hasta que se pronuncie, ahora sí, sobre el fondo. El juicio de amparo es así, técnico y eminentemente procesal; no es glamouroso ni filosófico.

Cuando el Gobierno federal emprende una embestida contra los contratos celebrados previamente por particulares, lo que hay es una aplicación retroactiva en perjuicio de las personas, y la Constitución prohíbe eso terminantemente (sí, aunque seas rico, aunque seas malo, aunque hayas “callado como momia” en otros sexenios, la Constitución te otorga derechos humanos, así son las cosas en los Estados constitucionales). Las empresas celebran contratos que trascienden los sexenios y confían en que, sin importar los vaivenes políticos, serán respetados. Eso, naturalmente, es congruente con los principios liberales de despolitizar la economía, pero no es muy consecuente con la soberanía de los Estados (de nada sirve que un gobierno sea de izquerda, de derecha o de centro, si todo lo que importa está decidido de antemano). No hay que poner el grito en el cielo, son unas por otras.

Lo interesante es que el desenlace jurídico de la contrarreforma energética era previsible por cualquier abogado mediano. Primero, se intentó a nivel administrativo con un acuerdo de la Secretaría de Energía. Al no haber siquiera fundamento a nivel de legislación secundaria, la justicia federal declara inconstitucional esa pretensión del Ejecutivo, siempre con la impugnación de los órganos reguladores. AMLO sube la apuesta y ahora reforma la ley, pero una que pretende aplicarse a situaciones realizadas con anterioridad a su vigencia (que se revisen contratos previos). Eso no se puede, no como está la constitución, al menos, y un juez federal (o la Suprema Corte, si le llegara) no puede contravenir la letra de la Constitución de manera tan flagrante, por más comprometidos con el presidente que quieran estar (o con la transformación del país, o con el pueblo, ponga su causa favorita aquí).

Hoy, el presidente dice que está dispuesto a proponer una reforma constitucional si los jueces “siguen tirando” su reforma. Eso era lo más práctico desde el principio, y siempre he creído que el presidente ha sido especialmente cauteloso para hacer reformas a nivel constitucional, siendo que es el primer mandatario que cuenta con una mayoría legislativa cómoda, al menos desde 1997. Quienes dicen que a Morena no le dan los números para reformar la Constitución porque necesita mayoría calificada, por supuesto que le dan cuando se suma a sus partidos aliados, y cuando es necesario, fácilmente se convence al tricolor multicolor. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué enfrentar tanta resistencia y frustración previa?

Aventuro que es parte de la estrategia, una que tiene como finalidad cambiar de Constitución; no cambiar la constitución en parte, sino cambiarla toda. Si muchas de las reformas que ha impulsado la 4T han enfrentado resistencias legales, judiciales y políticas, y la narrativa se conforma de modo que se hagan ver esas resistencias como corrupción enquistada - “quieren mantener sus privilegios”, etcétera - AMLO podría lanzar como una bola rápida, antes de las elecciones, la idea de que México necesita un nuevo pacto constitucional, enterito. Eso iría acorde con su deseo de pasar a la historia junto a los héroes nacionales que admira, y le daría la posibilidad de repartir, ahora sí, una nueva baraja completa, sin amparos contra la política energética, sin órganos autónomos de los que tanto desconfía; en fin, sin obstáculos para la épica de la transformación. Si el presidente jugara con la idea, aunque fuera solo a nivel de mañanera, la elección que viene se convertiría en un referéndum informal sobre si necesitamos o no una nueva Carta Magna. Es una apuesta agresiva, pero así juega él.


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/CR

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