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Bola de nieve

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Columnas jueves 30 de abril de 2026 -


La inseguridad y la violencia —ambas, porque son fenómenos claramente diferenciados, aunque a veces vayan juntos— han sido la piedra en el zapato de los gobiernos mexicanos desde hace, por lo menos, 4 sexenios. No me jacto de comprender las causas de su vertiginoso crecimiento las últimas décadas, pero es inevitable reconocer, de entrada, eso, su escalada exponencial. Además, las estrategias, tanto institucionales como retóricas que se han intentado, nos muestran en su insuficiencia y fracaso la complejidad del problema. De algo sirve, porque se va entendiendo mejor el asunto, pero a un costo elevadísimo, en vidas humanas, en desarrollo económico, en todo.

Es trágico, pero ninguna plataforma ni estilo de gobierno se ha salvado de que los incidentes de sangre acaben devorando el resto de la agenda pública. Felipe Calderón, pocos recuerdan, se vendió como el Candidato del Empleo, y las principales acciones en su agenda, cuando llegó, eran reformas constitucionales en materias que poco tenían que ver con la seguridad y el crimen organizado. De hecho, algunas de ellas, con otro mote, acabaron en el paquete del Pacto por México el sexenio siguiente. Las razones por las que el calderonismo se vertió completamente hacia la guerra contra el narco, son múltiples. Y personas que saben del tema han argumentado que no había alternativa.

Lo que no puede negarse, empero, es que la estrategia fracasó, porque el narcotráfico no se redujo, el mercado ilícito se concentró en menos agentes más violentos y poderosos, y la violencia aumentó a lo largo de todo el territorio. Peña fue un corolario de la estrategia que le heredaron, bien o mal. AMLO, por su parte, ni entendía ni quería entender el tema de la inseguridad. Por un lado, asimiló todo a su propio reduccionismo demagógico de que la pobreza no sé qué, y que el criminal no era más que un individuo que no había tenido acceso a becas, y por eso delinquía. Por otro, su resentimiento contra todo lo que oliera a 2006 lo hizo dinamitar la institución más seria en la que se habían construido capacidades civiles de combate al crimen, que era la Policía Federal. Estoy seguro de que, si hubiese sido creada por cualquier otro presidente, hubiese sobrevivido. Pero la pacificación no se logró con los apoyos sociales —no podía lograrse, porque no es por ahí— y el ejército, a quien se le hizo tomar todas las responsabilidades que AMLO rehusaba transparentar, fracasó en su encomienda y quedó con una reputación maltrecha para los parámetros a los que está acostumbrado. Todo mal.

Las cifras de 2025 confirman que el monstruo no se achica: el 63.8% de la población adulta urbana considera inseguro vivir en su ciudad, un repunte de 2.1 puntos respecto a 2024, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Peor aún, 59.3% anticipa que la inseguridad empeorará o se mantendrá igual, mientras 32.3% de los hogares sufrió robo, extorsión o fraude en el segundo semestre. Aunque los homicidios dolosos bajaron a 20.674 —un descenso desde los 26.715 de 2024—, la tasa sigue 54.7% por encima de 2015, y los delitos con armas de fuego subieron 71.2% en la década, con violencia sexual y familiar disparadas 137% y 102%, respectivamente. México acapara 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo en el ranking 2025, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Las mujeres lo padecen más: 69.4% sienten inseguridad frente al 57.1% de los hombres, y spots como el transporte público y las calles son los epicentros del miedo. Ciudades como Irapuato (87.3%) son infiernos, mientras enclaves como San Pedro Garza García (8.7%) parecen Luxemburgo. Esto tiene consecuencias en el comportamiento real de las personas: 42.5% dejó de portar objetos de valor, 38% no suelta a los niños solos y 37.1% evita caminar de noche. La herencia es un país paralizado, donde la violencia no solo mata, sino que asfixia la vida cotidiana y devora cualquier atisbo de esperanza en la agenda nacional. Y eso con o sin el circo de la CIA, los gobernadores indispuestos y los legisladores que se envuelven en la bandera.


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