A raíz del incidente ocurrido hace 20 días en el Puente de la Concordia, donde explotó una pipa de gas en Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de reformas para reforzar el control sobre el transporte de sustancias peligrosas en la capital.
Entre las nuevas disposiciones, se establece un límite de velocidad de 30 km/h para vehículos que trasladen materiales tóxicos o inflamables. Además, se instalarán radares móviles en los principales accesos carreteros a la ciudad —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla— con el objetivo de detectar y sancionar excesos de velocidad en este tipo de unidades.
También se restringirá la circulación de vehículos con cargas superiores a 40 mil litros de hidrocarburos o sustancias tóxicas. Las pipas que transporten más de 10 mil litros no podrán transitar por vías secundarias, mientras que aquellas con más de 20 mil litros solo podrán hacerlo entre las 22:00 y las 05:00 horas. Se prohíbe además el tránsito de estos vehículos por vías de acceso controlado y se duplicarán las sanciones por incumplimiento de estas normas.
Los transportistas deberán contar con un dictamen técnico emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se publicarán lineamientos específicos para la elaboración de programas internos de Protección Civil enfocados en la distribución de gas natural, gas LP y derivados del petróleo. Asimismo, se establecerán puntos de inspección aleatorios para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que propondrá al Ejecutivo federal la realización de operativos conjuntos y ajustes en los requisitos para obtener permisos de traslado de sustancias peligrosas. Además, se exigirá como condición para obtener la licencia tipo E12 la acreditación de cursos especializados en manejo de materiales peligrosos, avalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Brugada subrayó que estas acciones se alinearán con las medidas que próximamente dará a conocer el Gobierno federal, en un esfuerzo coordinado por mejorar la seguridad en el transporte de sustancias de alto riesgo en todo el país.