Por María Cabadas
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra, condenó el incremento de feminicidios en el país, que durante 2019 tuvo un aumento de 9.5 por ciento con respecto a 2018.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresa su más enérgica condena frente a todos los feminicidios cometidos en nuestro país, manifiesta una grave preocupación por su alarmante aumento”, señaló la institución a través de su cuenta de Twitter.
Externó que existe un incumplimiento de las autoridades responsables de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en México.
Asimismo señaló su repudio a la exhibición de las víctimas, como el caso más reciente de Ingrid Escamilla, que se han hecho en los medios de comunicación masiva con filtración de fotografías y videos que agravan la crueldad e indignidad de los hechos llevados a cabo.
“Esta Comisión hace un enérgico llamado a todas las autoridades en los tres niveles de gobierno y específicamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para redoblar los esfuerzos y garantizar resultados frente a este gravísimo delito en contra de las mujeres en México”, agregó.
El organismo rechazó también la sistitución del delito de feminicidio en el Código Penal Federal por el de homicidio agravado como propone la Fiscalía General de la Repúbllica, a cargo de Alejandro Gertz Manero, porque, sostuvo, significa un retroceso, al invisibilizar el componente esencial de odio contra las mujeres, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres”, indicó.
Y agregó: “Una posible modificación niega de iure y de facto el acceso a la justicia de las mujeres, cancela la exigencia de que las investigaciones penales sean exhaustivas, eficaces, serias e imparciales, y no garantiza una respuesta adecuada del Estado ni la debida diligencia de sus instituciones, omite el deber de abordar el delito con una perspectiva de género, entre otros aspectos, siendo por ello inadmisible”.