Cambio de estrategia

No queda claro qué factores motivaron el cambio en la estrategia de seguridad del gobierno mexicano: si fueron las presiones internacionales o el evidente fracaso de la política de "abrazos, no balazos", lo que es innegable es que la estrategia ha dado un giro radical. Sinaloa se ha convertido en el laboratorio de la estrategia y mucho de lo que suceda ahí marcará el rumbo de política.

Ahora, uno de los principales objetivos se centra en la acción directa, evidenciada pordetenciones, decomisos, patrullajes y el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos y el traslado de las personas encargadas de la estrategia al lugar de los hechos. Estas medidas reflejan una decisión clara del gobierno de enfrentar de manera frontal al crimen organizado, marcando un cambio sustancial en su enfoque hacia la seguridad en el país.

Uno de los mayores enigmas en este cambio de enfoque radica en determinar si la estrategia de seguridad implementada por López Obrador fue un fracaso, lo que habría llevado a la necesidad de modificarla. La actual administración se ha cuidado de no criticar ni generar polémica respecto a las decisiones de la administración anterior. Pero, lo que resulta evidente es que la estrategia no podía permanecer igual frente a los alarmantes niveles de violencia e impunidad que enfrenta el país.

El discurso de que "los criminales también tienen derechos humanos" funcionó como una estrategia evasiva, utilizada para no admitir abiertamente que la delincuencia superó la capacidad de respuesta de las autoridades. Esta postura, aunque políticamente conveniente, dejó en el aire importantes preguntas sobre la efectividad y el aprendizaje institucional en el manejo de la seguridad pública.

De manera sutil, el secretario de Seguridad lanzó una crítica hacia la gestión de seguridad del sexenio anterior al afirmar: "Ni venimos a negar la realidad ni a ocultarla, sino al contrario, venimos a trabajar". Este mensaje subraya que culpar a las administraciones pasadas o recurrir a declaraciones optimistas en conferencias mañaneras no ha sido suficiente para detener la escalada de violencia en el país. Reconocer que la nueva estrategia se basa en acciones concretas y operativas representa un cambio significativo en el enfoque, reflejando un compromiso más decidido y directo con la resolución de uno de los retos más urgentes para la nación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se ha convertido en la pieza clave de la estrategia. Se trasladó a las zonas donde ocurren los hechos y enfatizó: “Trabajamos en detenciones de alto impacto; se resolverá, pero no de la noche a la mañana”. Asimismo, destacó el despliegue de la SEDENA en Culiacán, la SEMAR en Mazatlán y el reforzamiento de las carreteras para asegurar el tránsito seguro de la población.

Por otro lado, se encuentra la presión ejercida por Donald Trump. Uno de los temas en los que el presidente electo de Estados Unidos ha puesto mayor énfasis es el poder de los cárteles y el impacto que generan en el consumo de drogas dentro de su país. Ante este escenario y la amenaza de imponer aranceles, el gobierno mexicano se ha visto obligado a actuar con mayor contundencia, llevando a cabo decomisos de fentanilo y operaciones estratégicas en puntos clave como Sinaloa.

Las advertencias sobre declarar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos parecen haber incrementado la presión sobre las fuerzas de seguridad, impulsándolas a dar respuestas más visibles y directas.

Otro factor que añade presión es el perfil del embajador designado por Donald Trump para representar a Estados Unidos en México, Ron Johnson. Se trata de un militar retirado que anteriormente desempeñó el cargo de embajador en El Salvador durante el primer mandato de Donald Trump, lo que evidencia la magnitud del cambio en las prioridades de la relación bilateral. Este nombramiento subraya un giro estratégico: para Estados Unidos, el tema comercial ha pasado a un segundo plano, mientras que la seguridad, especialmente en relación con los cárteles y a la migración, se ha convertido en la máxima prioridad.

Los acontecimientos en Sinaloa podrían marcar un punto de inflexión para evaluar la eficacia de la estrategia de seguridad. Pero existen dos factores que podrían obstaculizar su implementación: el primero es la posibilidad de que los grupos de la delincuencia organizada demuestren un poderío superior al de las fuerzas de seguridad, lo que pondría en entredicho la capacidad del Estado para contener la violencia. El segundo es la compleja dinámica política, particularmente en torno al gobernador Rubén Rocha. El régimen parece reacio a tomar decisiones drásticas respecto a su permanencia en el cargo, pero mantenerlo podría restar credibilidad a la estrategia, especialmente ante los ojos de nuestros vecinos del norte.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarcorr @integridad_AC