Candidatos: profesión peligro

@onelortiz

El 13 de mayo, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, fue asesinado mientras repartía propaganda electoral. Con esta muerte, suman 80 en el actual proceso, la cifra más alta en un año, por lo menos desde 2015, cuando diversas organizaciones y consultorías comenzaron a llevar el registro de estos lamentables hechos. Déjese por un momento a un lado las descalificaciones y la demagogia. La violencia, agresiones y atentados mortales contra candidatos dañan a la democracia y a nuestro país. No es una cuestión únicamente de seguridad pública, sino un asunto de Estado y así debe ser considerado.

En México ser candidato a un cargo de elección popular es una profesión de alto riesgo, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas. Al 30 de abril, de acuerdo al Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores se habían registrado 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales, con el asesinato del candidato de MC sumaría 80. La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.

En marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó su estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a algún puesto político en el proceso electoral 2021. La secretaria, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en los últimos años han crecido los actos de violencia política principalmente por parte del crimen organizado y del crimen de cuello blanco. Más de la mitad de los hechos de violencia política, particularmente, asesinatos y agresiones, se concentran en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Resulta evidente que la estrategia de las autoridades ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de los más de 6 mil candidatas y candidatos que disputan un puesto de representación popular en estas elecciones.

¿Qué hacer ante este problema? En primer lugar, que la justicia no sea obnubilada por la contienda. Los asesinatos de candidatos no pueden quedar impunes. Se deben investigar a fondo los hechos y llegar hasta los responsables. Segundo, debe atenderse a familiares de las víctimas. En campaña, los deudos son objeto de atenciones y manipulaciones, pero terminado el proceso, tienen que luchar solos para que haya justicia.

Esta bien que Seguridad Pública disponga de elementos que cuiden a los candidatos, pero sería más eficiente que establecieran mejores protocolos e inteligencia para evitar riesgos. Partidos y autoridades deben tener coordinación absoluta. Se trata de una cuestión de Estado, no de gobiernos o partidos. La nueva legislatura federal debería establecer una comisión de seguimiento a estos casos. Es lo menos que puede hacerse.