Casta delirante

La Corte trató de justificar la permanencia de todos sus fideicomisos diciendo que una de las funciones es fortalecer la pensión de los trabajadores y que para acceder a este beneficio se debe tener mínimo 30 años de servicio, además de un fideicomiso para el retiro de magistrados que constitucionalmente no pueden tener otro ingreso. Durante los primeros 3 años de mandato del actual Gobierno se tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados mientras que en el Poder Judicial de la Federación presidía Arturo Zaldívar, esos 3 años no hubo una modificación a los Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, y de hecho hubo pocas embestidas públicas contra el mismo, comparadas con las que hay ahora. El cambio de presidencia, ahora con la ministra Piña como titular, ha coincidido con una confrontación abierta entre poderes, tanto en el tema político como mediático, jurisdiccional (por votaciones abrumadoras la corte ha anulado reformas importantes del presidente) y ahora presupuestario.

Destaca que una de las obsesiones del presente gobierno sea el adelgazamiento de los órganos públicos, los recortes, la desaparición de organismos, la precarización del salario de cualquier funcionario. Esto conlleva aplausos de la mayoría, porque en México nos gusta ver derrumbes, de lo que sea, siempre que no nos toquen a nosotros. Lo interesante es que esa postura es, históricamente, neoliberal y muy de derecha económica, no de izquierda social. Sin embargo, los movimientos populistas, sean de izquierda o de derecha, terminan siempre confrontados con los tribunales, porque de manera natural, estos tienden ser autónomos o, por lo menos, rebeldes (véase a Netanyahu, por un lado, y a Modi, por otro). Esto se explica en tanto que la seguridad jurídica nunca es revolucionaria, sino conservadora, pero en todos lados (salvo en dos excepciones, que menciono más adelante).

Decir que la iniciativa es una revancha del ejecutivo contra el poder judicial es una obviedad. Lo interesante es saber cómo llegamos aquí y porqué a todos parece sorprenderles tanto el escenario. Cuando la gente habla de contrapesos, división de poderes, etcétera, pareciera que inconscientemente habla de frenos al poder ejecutivo, exclusivamente, quizás porque la concentración de poder en los casos históricos más conocidos es de dictadores, no de directorios ni parlamentos.

Pero es un sistema de contrapesos porque el poder ejecutivo también puede apretar a los otros, y si el poder legislativo y el ejecutivo son del mismo partido, más. La presidencia de Arturo Zaldívar es calificada por algunos malquerientes como servil y pusilánime. Empero, algún observador agudo me dijo que, de haberse comportado de manera distinta, hoy tendríamos una tercera sala en la Corte, con puros ministros morenistas declarados, dedicada a resolver exclusivamente “asuntos de corrupción” de miembros del mismo poder judicial. Puede ser.

El cálculo de la Corte de confrontarse con el presidente cuando todavía le quedaban dos años y tenía mayoría absoluta (que no calificada) en el Congreso, no fue muy inteligente (y lo de que sea muy digno, es por lo menos discutible). Quizás la Corte se envalentonó por la reacción popular que algunos ataques al poder judicial han tenido en otros países, específicamente EU con Trump e Israel con el mencionado Netanyahu. Pero es engañoso. En esos dos países, el poder judicial tiene una enorme legitimidad. En ambos fue la corte la gran impulsora de derechos sociales que gozan de conciencia en la mayoría, con la Corte Warren y durante décadas, en Israel, haciendo las veces de poder constituyente y dando derechos a las mujeres.

En México, los funcionarios judiciales federales se ven, por una abrumadora mayoría de ciudadanos y otros funcionarios, como una casta de déspotas, producto de nombramientos consanguíneos cruzados que hacen ver al nepotismo usual como asunto de aficionados, y que además son carentes de ética de la responsabilidad, asumiendo una ética de la convicción basada sólo en la dogmática jurídica, volviéndolos, en el mejor de los casos autómatas y en el peor, sonámbulos irresponsables. Además, donde hay corrupción, esta es transexenal y grosera, como en Jalisco y Nayarit. Una lógica que además es bastante convenenciera, porque cuando quieren encontrar un “fundamento jurídico” para conocer o para dejar de conocer de un asunto, lo encuentran. Invariablemente.

Su justificación de uno de los fideicomisos es más bien el punch line de una broma: “Necesitamos los fideicomisos porque los magistrados no pueden tener otro ingreso”, siendo que el salario de estos funcionarios es varias veces mayor que, incluso, los altos directivos de toda la administración pública federal, ya no digamos local. No estoy juzgando los méritos de nadie, sino el argumento, que es débil. En fin, lo más probable es que nadie vaya a salir a la calle, indignado, a defender los bonos de estos señores. Se están convirtiendo en una casta que sólo cuenta, para conservar su estatus, con ellos mismos. Ojo ahí.