Ciberseguridad y la democracia mexicana

En el marco del proceso electoral del presente año, el Congreso de la Unión evidenció limitaciones al no incluir los delitos de ciberseguridad en el proceso de selección de funcionarios públicos. Sin embargo, es crucial resaltar la necesidad imperante de legislar en materia de ciberseguridad, cibercrimen y violación a servicios tecnológicos.

En el mundo de la ciberseguridad, la claridad conceptual se convierte en un recurso escaso. Percepciones como ciberguerra o cibercrimen se deslizan entre definiciones cambiantes y reflejan la diversidad de perspectivas adoptadas por diferentes doctrinas e instituciones públicas en diversas entidades del país.

El ámbito de la ciberseguridad no se limita al territorio mexicano; es un campo de discusión que involucra a Estados externos, intereses tecnológicos, económicos, sociales, culturales y políticos, e incluso, delincuenciales, más allá de las fronteras del país.

En el contexto de las elecciones para junio próximo, donde el Congreso de la Unión no ha logrado legislar sobre esta difícil situación, tanto diputados como senadores, se enfrentan a la tarea primordial de incorporar y definir con cautela los conceptos relacionados con la ciberseguridad.

La complejidad del ciberespacio y sus implicaciones en materia de defensa, seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior demandan una atención detenida. Elementos fundamentales como la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina-Armada de México, y todas las fuerzas policiales de las entidades federativas y municipios deben estar activos para prevenir y combatir los hechos delictivos en este ámbito multidimensional.

De esta forma, la ciberseguridad se manifiesta como un campo donde las operaciones en el ciberespacio, la dimensión electromagnética e información pueden ser ejecutadas por estados u organizaciones internacionales, atacando y dañando sistemas y redes de información, y por ende, influenciando el resultado final de una elección.

La ciberdefensa, vinculado a este panorama, podría adquirir la forma de ciberguerra y comprometer las capacidades para resguardar el interés estatal en un escenario de dominio del espectro completo; situación que lesionaría los derechos humanos para elegir de manera segura a los representantes populares, hiriendo irreversiblemente nuestra joven democracia.

El Congreso de la Unión debe actuar de manera pronta y seria en los temas tecnológicos del ciberespacio y los delitos cibernéticos. Descuidar este ámbito dejará vulnerable al país en materia de seguridad nacional y, sobre todo, vincular el resultado de una elección con el destino mismo de la nación, desde la Presidencia hasta las instancias municipales. La ciberseguridad emerge como un desafío inevitable para preservar la integridad de nuestra democracia.

Punto Cero

La sofipo digital Finsus, que dirige Carlos Marmolejo, presentó su tarjeta Mastercard, con la que complementa su ecosistema de servicios financieros digitales, con lo que avanza con su modelo de negocio en México.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017