Una de las metas centrales de la reforma electoral será bajarle al financiamiento público destinado a partidos políticos. Es tema que está en la mesa donde se construye la propuesta del Ejecutivo.
Se ajustaría la fórmula para determinar el monto que correspondería a cada organización. En principio existe el propósito de reducirlo al 50 por ciento, lo que no a todos les va a gustar.
Con ese mismo ánimo de bajarle al gasto, se buscaría garantizar que en lo sucesivo ningún consejero electoral tenga ingreso superior al del presidente de la República, disminuir de 500 a 400 las diputaciones y simplificar instancias para desahogar impugnaciones en los tribunales.
Para hacer efectivo el ajuste a sueldos, podría considerarse la renovación completa de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurarse de que los nuevos funcionarios cumplan el mandato constitucional de que nadie gane más que el titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con la información recabada por este espacio, se ha robustecido la idea de que sea rotatoria y alternada la presidencia del instituto, para coincidir con el criterio constitucional de paridad de género.
En materia de impugnaciones, el plan es acortar el camino para su atención, reestructurar el funcionamiento de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); conseguir que la revisión y resolución no vayan más allá de dos salas.
Al igual que la reforma eléctrica, la electoral también tendría un peso significativo en la vida nacional, porque establecería reglas y escenarios para la competencia presidencial de 2024
Es lo que se cocina en el círculo de expertos electorales del poder Ejecutivo y existe el plan de entregar la iniciativa al Congreso antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, para dar tiempo suficiente a valoraciones, consultas y foros.
La aprobación sería hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones septiembre-diciembre. En el cronograma, octubre aparece como el mes decisivo.
No sería fácil, la oposición no va a dejar pasar todas y cada una de las propuestas de la mayoría, menos las que advierta puedan minar la autonomía e imparcialidad del INE.
Por lo mismo, la iniciativa del Ejecutivo no va a llegar al poder legislativo con el sello de intocable; como incluiría modificar la Constitución, para aprobarla requeriría votación calificada de las cámaras, las dos terceras partes de los diputados y senadores.
El partido dominante no tiene el número suficiente de legisladores. Estaría obligado a sentarse a dialogar, debatir y encontrar consensos con parlamentarios de oposición.
Además, hay que recordar que en el poder legislativo existe alrededor de una treintena de iniciativas en materia electoral y al menos media docena es hechura de la actual mayoría, que deberán de tomarse en cuenta.
A diferencia de propuestas que no se les ha tocado ninguna coma, la electoral estaría abierta a cambios.
Y para buscar el consenso, la Cuarta Transformación contaría, entre otros, con Horacio Duarte (titular de la Agencia Nacional de Aduanas) conocedor del tema electoral; el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal; el coordinador de los diputados, Ignacio Mier Velazco y Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados.
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