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Colectivos denuncian red de extorsión disfrazada de activismo con presunta complicidad de funcionarios de la FGJCMX; piden ayuda a Bertha Alcalde

Colectivos denuncian red de extorsión disfrazada de activismo con presunta complicidad de funcionarios de la FGJCMX; piden ayuda a Bertha Alcalde

Nación lunes 20 de abril de 2026 -

Claudia Bolaños

El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes puso al descubierto una red de extorsionadores con un nuevo modus operandi, en el que supuestos activistas sociales estarían vinculados y presuntamente protegidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, específicamente de la UGA 3.

Los denunciantes pidieron a la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, intervenir ante la posible complicidad de funcionarios de la institución, entre ellos Mariana Flores Parra, supervisora de la UGA 3, y el asesor jurídico público David Bautista Ocampo, señalados como presuntos operadores internos del grupo denominado “Colectiva Tonatzin”, encabezado por Monserrat Monterrosas Durán, quien se encuentra vinculada a proceso por resistencia de particulares, lesiones, daño a la propiedad y robo calificado.

Monserrat Concepción Xochiquetzal Monterrosa Durán es señalada como líder de la Colectiva Tonatzin y se encuentra bajo proceso penal desde el 19 de marzo de 2026, recluida en el Reclusorio Oriente, donde permanece en prisión preventiva justificada dentro de la investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-3C/D/00304/02-2026.

De acuerdo con la denuncia, esta modalidad de extorsión, disfrazada de activismo, consistía en identificar a víctimas en situación vulnerable para ofrecerles acompañamiento legal, asegurándoles que sus casos avanzarían mediante el uso de documentos y testigos falsos.

Señalan que integrantes de la colectiva presentaban evidencia fabricada para inflar las solicitudes de reparación del daño. Como ejemplo, se menciona un caso que involucra a la hija de la líder del grupo, en el que un director educativo habría pagado 800 mil pesos por concepto de reparación, por cargos que el afectado califica como falsos.

Los testigos utilizados recibían entre 200 y 300 pesos por rendir declaraciones falsas. Además, realizaban manifestaciones frente a juzgados para presionar a las autoridades y amedrentar a funcionarios. También utilizaban fotografías editadas y recibos de gastos ficticios para incrementar los montos de las reparaciones del daño.

Según el expediente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ejecutaban una orden de aprehensión en la colonia Santa Martha Acatitla fueron agredidos por seis personas que intentaron impedir la detención de un acusado de extorsión.

Los seis imputados fueron identificados como Diego Efraín Cárdenas Gutiérrez, Mario Alberto Sánchez Alvarado, Jesús Manuel Leonor Calixto, Monserrat Concepción Xochiquetzal Monterrosa Ocampo, Abril Andrea Colorado Saavedra y Mariela Sánchez Alvarado, todos de nacionalidad mexicana.

Durante la investigación se detectó la posible complicidad de Mariana Flores Parra, supervisora de la Unidad de Gestión Administrativa número 3 de la Fiscalía de Asesoría Jurídica de la Ciudad de México.

Lo que podrían ser responsabilidades penales agravadas, al tratarse de una servidora pública con acceso a expedientes, recursos institucionales y canales internos de la Fiscalía.

El denunciante inició un proceso de documentación que revela un patrón sistemático de extorsión disfrazada de activismo, el cual operaría mediante tres mecanismos principales: testigos pagados, manifestaciones financiadas para presionar a autoridades y evidencia fabricada.

Otro de los casos más documentados, relacionado con la hija de la líder del grupo, se obtuvo una reparación del daño por 800 mil pesos, de los cuales 400 mil se pagaron en audiencia y el resto en mensualidades, sustentado en acusaciones que el denunciante considera falsas. Asimismo, de 12 carpetas vinculadas a la colectiva que habrían sido revisadas, 10 carecían de sustento real.

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OC/CR

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