Claudia Bolaños
Al menos 80 organizaciones y colectivos de familiares, junto con decenas de personas firmantes a título individual, suscribieron un pronunciamiento en el que respaldan la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar la situación de México ante la Asamblea General.
En el documento difundido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, los firmantes señalaron que esta determinación representa una oportunidad para visibilizar la crisis de desapariciones y avanzar en el reconocimiento de su dimensión real, luego de años de denuncias y recomendaciones internacionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la decisión del comité no es un acto aislado, sino el resultado de un proceso acumulado desde 2012, en el que se han documentado indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Los colectivos subrayaron que asumir esta medida como una injerencia externa sin fundamento implicaría prolongar la espera de verdad, justicia y reparación para miles de familias que continúan la búsqueda de sus seres queridos. En ese sentido, insistieron en que el reconocimiento del problema es un paso indispensable para atenderlo de manera estructural.
El pronunciamiento también advierte que las desapariciones en México no pueden entenderse como hechos aislados, sino como un fenómeno persistente que, en distintos casos, ha implicado la participación, tolerancia o aquiescencia de autoridades en diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, los firmantes cuestionaron las posturas oficiales que minimizan o reinterpretan las cifras de personas desaparecidas, al considerar que estas acciones generan incertidumbre y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.
En el documento se hace un llamado a que el Estado mexicano asuma la resolución del comité como una oportunidad para fortalecer sus políticas públicas, mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación, y garantizar la participación de las familias en la toma de decisiones.
Los colectivos y organizaciones destacaron que la intervención de la ONU puede contribuir a impulsar medidas que permitan enfrentar una problemática que se ha prolongado durante décadas y que continúa afectando a miles de personas en el país.
Reiteraron que la crisis de desapariciones requiere una respuesta integral que incluya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como una mayor coordinación entre autoridades y sociedad civil para atender uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos en México.