Avanzo con el comentario sobre los “Principios para las reformas electorales democráticas”, que propone la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral de la Fundación Westminster para la Democracia.
El primer principio es el consenso político alrededor del proceso de reforma electoral. En efecto, la construcción de consenso político es fundamental, pues toda reforma electoral es inherentemente política, no solo técnica, y puede ser rápidamente capturada por intereses estrechos.
Dice el texto que esto puede resultar en reformas que socavan, en lugar de mejorar, la transparencia, la rendición de cuentas, la implementación efectiva, la equidad y la inclusión, y/o que reducen la aceptación entre las partes interesadas. Para evitar este obstáculo, el texto dice que el proceso debe minimizar las oportunidades de polarización y fomentar el examen de buena fe de las propuestas y la buena voluntad entre las y los participantes.
El documento recomienda los siguientes enfoques para establecer un proceso que logre consenso político y se esfuerce por alinearse con las normas globales: un análisis detallado, inclusivo y objetivo de los desafíos para las elecciones democráticas, que puede servir como base para identificar intereses comunes y fomentar un consenso político lo más amplio posible en torno a las reformas electorales; consideración de los incentivos políticos de los principales actores electorales, el equilibrio de poder y la posible resistencia de aquellos que pueden beneficiarse de mantener el statu quo; objetivo u objetivos realistas claramente definidos e identificados a través de aportes de base amplia de los principales actores electorales (incluyendo recomendaciones de observadores electorales); y debates inclusivos y basados en evidencia, respaldados por un conjunto definido y acordado de fuentes de evidencia, como se detalla en el Principio 4, que mandata precisamente que los procesos de reforma electoral deben basarse en la evidencia y en una visión a largo plazo.
El segundo principio dice que los procesos de reforma electoral deben ser transparentes, pues la transparencia es esencial para generar confianza y como defensa contra la desinformación sobre el proceso y el contenido de la reforma. Para garantizar la transparencia, los agentes de supervisión independientes (como observadores electorales, organizaciones de la sociedad civil, partidos de la oposición y medios de comunicación) deben tener acceso suficiente a todas las fases del proceso.
Dice el texto que las y los organizadores del proceso de reforma deben priorizar una comunicación clara y accesible sobre éste y deben garantizar la transparencia con respecto a aspectos como la motivación y el objetivo(s) de iniciar el proceso; el cronograma y el nivel del proceso; quiénes participarán y en qué etapas; y el contenido de las reformas. Esto incluye, por ejemplo, la publicación oportuna de los borradores de las modificaciones legislativas propuestas para que las partes interesadas tengan la oportunidad suficiente de comprender las reformas propuestas y aportar sus opiniones.
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