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Con contrato millonario, penal de Michoacán deja a internos sin agua

Con contrato millonario, penal de Michoacán deja a internos sin agua

Nación lunes 18 de enero de 2021 - 02:45

Luis Carlos Rodríguez González


El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 ubicado en Michoacán, uno de los ocho que fueron concesionados para la administración por parte de empresas privadas con contratos millonarios en el sexenio de Felipe Calderón, tiene a alrededor de 1,200 internos sin agua desde agosto pasado.

“Toma del mingitorio”, fue la respuesta de un interno que a principios de agosto se quejó ante las autoridades de ese penal por la falta de agua, no solo para bañarse, lavar su ropa, sino incluso para tomar. Desde entonces, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha interpuesto cuatro amparos para obligar a las autoridades del penal, a las dos empresas concesionarias y al Estado mexicano a garantizar el acceso al agua de los internos.

El titular de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) Rafael Robles Roa expuso a ContraRéplica este caso, donde aún no hay respuesta de las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana Prodemex y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A.P.I. de C.V.

Otro caso, donde también el IFDP, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, intervino, fue en el Cefereso para Mujeres de Morelos, ya que un médico general atendía a alrededor de 900 internas, ni siquiera era un ginecólogo, sino un médico general.

“En el Penal Femenil de Mujeres de Morelos, por garantizar que exista un médico especialista, un ginecólogo, interpusimos un amparo y ganamos, para dar atención de salud mínimo y básico. Son alrededor de 900 internas. Cómo un médico general atendía esta cantidad de mujeres, lo cual era muy grave”, dijo el funcionario.
De acuerdo con el Gobierno federal, por cada persona recluida en cada centro se pagan 192 mil pesos al mes, o 6 mil 411 pesos por día.

El total de gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 personas recluidas en prisiones federales privadas, aseguró. Mientras que el gasto por persona al año promedio es de un millón 375 mil 064 pesos.

Respecto al Ceferso 17 de Michoacán, Robles Roa relató que, “a finales de agosto recibimos una llamada por parte de los defensores públicos federales, donde nos comentaba que había recibido por parte de uno de los internos una queja porque estaba teniendo problemas para tomar su medicamento, porque no había agua”.

“Lo que relató el interno es que cuando solicitó al personal del Cefereso agua para tomarse su medicina y le dijeron “pues toma del mingitorio”. Lo comentó con su defensor y de ahí empezamos a indagar y resulta que el Cefereso, desde principios de agosto, está teniendo problemas de suministro de agua”.

Esto ha derivado que los internos, de siete días de la semana, cuatro no tengan agua para el consumo necesario, desde tomar hasta bañarse o lavar su ropa. Y cuando hay agua, les toca de menos de un litro.

“Se han visto en la necesidad de tomar agua de los recipientes de los w.c., de un microbebedoro en cada pabellón, pero dicen que el agua sabe a tierra, además de que ha derivado en diversas enfermedades”, dijo Rafael Robles Roa.

“Se lo informamos al director general del IFDP, Netzaí Sandoval Ballesteros, sobre esta grave violación a los derechos, en este caso al agua, de los internos. Presentamos un amparo ante un juez de Michoacán y argumentamos que eran actos que ponían en riesgo la vida y la salud de cientos de internos, en plena pandemia. El juez coincidió en que de ser ciertos los actos, las autoridades del penal ponían en riesgo a los internos, por lo que otorgó una suspensión y ordenó al centro garantizar el suministro de agua potable”.

Las autoridades respondieron que efectivamente había escasez de agua, pero señalaron que había un contrato con dos empresas y en ella estaba incluido el suministro del agua, por lo que ellos tenían la forma de suministrar el servicio.
“Lo que es evidente es que este problema concierne a las empresas contratadas. El director de la Defensoría promovió otro juicio de amparo donde no solo señalan como responsables a las autoridades del penal, sino también a estas empresas privadas”.
Expuso que en total se han promovido cuatro amparos, el último incluyó a las dos empresas como responsables de suministrar el agua - Promotora y Desarrolladora Mexicana Prodemex y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán S.A.P.I. de C.V.- pero hasta la fecha no han respondido.

“Solicitamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas cautelares que tienen como finalidad que se requiera al Estado mexicano el garantizar el suministro de agua potable a la población. Se admitió en diciembre y ya se requirió al Estado mexicano un informe del tema”.


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JG/CR

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