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Controversia contra militarización en el aire

Controversia contra militarización en el aire

Columnas jueves 11 de junio de 2020 - 01:36

Claudia Bolaños


La controversia constitucional 85/2020 contra el decreto que permite a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública está en el aire, porque la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos-Farjat, aún no decide si le da entrada o la desecha.
Desde finales de mayo, Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, envió el expediente a la ministra Margarita Ríos-Farjat, para su revisión y el análisis.
Fue entonces que la primera controversia constitucional promovida por el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, se quedó estancada.
Se ha manejado que Ríos-Farjat continúa con la controversia en sus manos porque aún no define qué hacer, ya que ella llegó en enero a la Suprema Corte de Justicia a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La controversia señala que se violenta el marco constitucional en perjuicio de los órdenes municipales, pues incumple las condiciones consignadas en la Constitución. Pero si la Ministra Ríos-Farjat la acepta se tendrá que iniciar el estudio de todos los argumentos presentados, tanto por el alcalde como por el Ejecutivo Federal, para que se elabore un proyecto de sentencia que sea discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Y con ello, volvería a ir contra el Presidente López Obrador, pues ya votó contra él.
La situación es extraña, porque Margarita Ríos-Farjat está identificada con el gobierno de la Cuarta Transformación, pero hace un par de semanas otorgó el voto decisivo para que la Suprema Corte de Justicia permita a los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ganar más que el Presidente.
El mismo Andrés Manuel López Obrador resaltó que esa decisión “no me gustó nada”.
Y a pesar de su poco tiempo en la SCJN, la ministra está en medio de otro caso, pues abogados de Grupo Elektra promovieron un recurso para que sea declarada impedida para conocer y resolver el juicio que en el que propone negar un amparo a Ricardo Salinas Pliego que lo obliga a pagar una suma millonaria, más intereses, que adeuda al fisco desde el año 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Salinas Pliego es un empresario cercano a López Obrador, así que otra vez Margarita Ríos no la tendrá fácil, pues fijaría un precedente que afectaría a Grupo Elektra por casi 32 mil millones de pesos, pues la empresa busca conseguir un estado de excepción no previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2007.


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/CR

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