Corrupción incluyente

La iniciativa privada en México no debe ser subyugada por el gobierno. Pero tampoco es deseable lo contrario, y eso fue exactamente lo que sucedió en el mundo desde, más o menos, la década de los 90 del siglo pasado.

Por causas que no han sido suficientemente estudiadas, y que no pueden reducirse a grafiquitas onanistas, los gobiernos han ido reivindicando la potestad estatal, con resultados disonantes. Ha generado populismos de miedo en Turquía y Hungría, pero también blindajes para prevenir fraudes masivos del sector bancario y contable (a partir de los casos de Enron, Barclays y similares). El proceso ha sido lento y ha contado con sus escándalos de rigor, por parte de unos y otros (políticos y hombres de negocios, se entiende).

Lo que me parece relevante es esta tensión, que hasta hace unos años era impensable, en el que los integrantes de la esfera pública y gubernamental se están defendiendo de una narrativa que, dicho sea de paso, era bastante tramposa. Uno de los mensajes que la IP logró permear en toda la población mexicana, y que tardará en desarraigarse (si sucede) es que la corrupción es un tema público, y lo público es sinónimo de gubernamental. Esto tiene más implicaciones de las que parece. En primer lugar, se niega la legitimidad de las autoridades para defender intereses colectivos, pues se concibe el interés gubernamental como otro interés privado, el de los políticos y altos funcionarios. Como tal, es ilegítimo. En segundo lugar, se aborda el tema de la corrupción como un cáncer del gobierno. Esto quiere decir que se origina en el gobierno y desde las células del propio gobierno, quien contamina todo lo demás. Es decir, se presupone que la esfera privada es siempre una víctima de la corrupción, nunca cómplice ni corresponsable, y menos origen de la misma. Basta revisar el caso de Odebrecht, y el doble estándar de prácticas de mineras multinacionales en América Latina y Europa, para que ese prejuicio quede exhibido de forma incontestable. Los corruptos son siempre dos partes, que bailan al compás.

Pero sin importar la opinión que cada quién tenga sobre estos menesteres, el hecho es que México, y otros países que han reivindicado el poder de la política y de los políticos (quién sabe si del Estado), como Rusia, Hungría, Brasil y Turquía, han cambiado las reglas del trato y del juego entre gobierno e iniciativa privada. Esto implica que el primero es menos sensible a amenazas de la segunda. Durante mucho tiempo, los países se gobernaban a periodicazos. Un encabezado del tipo “los mercados están nerviosos”, bastaba para que un gabinete entero se metiera debajo de la mesa. Ya no es así. La IP, en contrapartida, está aprendiendo a usar otras herramientas para defender sus intereses, que ya no se cuidan en automático. El difícil proceso de negociación y freno de iniciativas como la del outsourcing y la reforma a la ley de Banxico son dos botones de muestra. Lo público existe, y al menos deberíamos comenzar a quitarle la paja; a los ciudadanos nos conviene.