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Corte ordena a Layda Sansores retirar programa donde habló del líder nacional del pri
Nación
Claudia Bolaños
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las expresiones realizadas por personas servidoras públicas, en ejercicio de sus funciones y mediante recursos del Estado, deben cumplir con criterios de veracidad, objetividad y legalidad, particularmente cuando afectan derechos de terceros.
El fallo deriva de un caso en el que una Gobernadora, -Layda Sansores, de Campeche- durante un programa de televisión producido con recursos públicos, hizo declaraciones sobre un Senador de la República -Alejandro Moreno- y difundió una supuesta conversación entre éste y un dirigente partidista -Ricardo Monreal- insinuando que manipulaban al sistema de justicia.
El Senador promovió un juicio de amparo que fue concedido por un juez de Distrito, al estimar que la Gobernadora carecía de facultades para difundir esa información y vulneró sus derechos. Sin embargo, al analizar el caso, la Primera Sala precisó que no aplica la doctrina de “real malicia”, pues esta se refiere a expresiones hechas por medios o periodistas sobre personas públicas, y en este caso se trata de un conflicto entre autoridades fuera del debate político ordinario.
La Corte estableció una metodología para evaluar este tipo de casos, que considera si la persona funcionaria actuó en tal carácter, si la información es de interés público, si verificó razonablemente los hechos, y si se afectaron derechos fundamentales.
Al aplicar estos criterios, concluyó que las declaraciones de la Gobernadora no están protegidas por la libertad de expresión, ya que no se comprobó la veracidad de los hechos, se divulgaron datos posiblemente obtenidos de manera ilícita y se afectó la privacidad del Senador.
Aunque se reconoció que ordenar abstenerse de futuras expresiones similares implicaría censura previa, se concedió el amparo para que se elimine el contenido del programa y sus réplicas en redes sociales oficiales.
El asunto fue resuelto por unanimidad de votos, con la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Y resalta que se consideró que el material pudo haber sido conseguido de manera ilícita por la gobernadora.
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JA/CR
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