LA RELACIÓN con Estados Unidos no es la más tersa, ni tampoco ha terminado la insistencia del gobierno de Joe Biden para que México rectifique o deje fuera su propuesta de modificaciones a las leyes del sector eléctrico y energético.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder del Senado, Ricardo Monreal, subrayen que hay voluntad de cooperación de los gringos y que tenemos buenas relaciones comerciales con el vecino del norte, lo cierto es que las visitas de John Kerry, enviado especial estadounidense para el Clima, y de la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, fueron para puntualizarle a nuestro país que no habrá más acercamientos si México continúa en su afán por salirse de la ruta de los acuerdos del T-MEC y por oponerse a los acuerdos para generar energías limpias y de bajo costo.
Ya no importa lo que hayan dicho públicamente los estadounidenses y que con vehemencia defienden el senador Ricardo Monreal y el presidente López Obrador, como fue el caso del embajador de EU en México, Ken Salazar, quien había dado su respaldo a los cambios a la reforma eléctrica.
El embajador corrigió sus dichos o lo hicieron corregir, porque para él primero deben estar los intereses de las empresas y negocios de su país, por lo que se observa ahora una postura amenazante de Estados Unidos, la cual cada día crece más y más.
El gobierno de Biden, cuentan quienes están cerca de los funcionarios de EU que visitaron México, están dispuestos a ir a los tribunales comerciales para demandar a México el cumplimiento del T-MEC o, de otro modo, se iniciaría la fase del abandono o salida del gobierno estadounidense de dicho tratado comercial, lo que sería catastrófico para todos, pero nuestra nación sería la que más perdería.
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PUNTOS Y LINEAS
EL CAMBIO en las normas que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que las agencias calificadoras hagan la tarea de auditores, provocará daños severos al mercado financiero del país. Por lo pronto, S&P Global Ratings ya no emitirá calificaciones en escala nacional de transacciones de financiamiento estructurado en México, porque dicha Comisión exige que las calificadoras verifiquen las carteras de los créditos y las garantías de las mismas. La decisión afectará la liquidez y acotará a los inversionistas institucionales locales.
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LA CARTA que el Jefe del Ejecutivo envió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para hacer públicos datos o ingresos de privados, sean los de Carlos Loret de Mola o de otros personajes, incluía la pala para que dicho organismo autónomo cavara su propia tumba.
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Periodista (*)
Director de RedFinancieraMX
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