Cumplir o no cumplir

El Senado publicó los resultados de su “Encuesta Nacional de Cultura de la legalidad”. Arrojó que el 56% de los mexicanos consultados se manifestó “de acuerdo” con que se deben de respetar las leyes siempre, incluso si se consideran injustas; 23% dijo estar en desacuerdo con ello; 13%, que está “muy de acuerdo”; 3% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con eso; “muy en desacuerdo” respondió estar también 3% y 2% no contestó.

Esto interesa en tanto que, cada vez de manera más frecuente, y en todo el mundo, el tema político por excelencia, las elecciones y sus consecuencias, terminan decidiéndose en el terreno jurídico por excelencia, el de los tribunales. Quizás se explique, en parte, por el aumento de litigiosidad de las sociedades (habla de eso De Sousa Santos en su Sociología Jurídica Crítica) pero también por la creciente desconfianza en los políticos y sus derivados, el principal de los cuales son los acuerdos políticos.

Poco a poco se ha ido divorciando la percepción de la justicia de la política, y la opinión pública se ha conformado con su versión menos glamorosa y más tardada, o sea la revisión judicial de la legalidad. De esta encuesta, el dato más interesante no es el de la percepción del cumplimiento de la ley, sino el de la convicción de que la ley debe ser cumplida aunque “se considere” injusta. Porque resulta que si 56% opina que sí, un 44% opina que no.

Lejos de cualquier romantización de las conciencias, un alto porcentaje de mexicanos está dispuesto a decir, abiertamente, que si a su criterio una ley no es justa, no debería de cumplirse. Este porcentaje es elevadísimo y no coincide en absoluto con los supuestos de ningún Estado de derecho. Aterrizándolo a la coyuntura, no debería de extrañar, que los líderes populares estén dispuestos a incumplir leyes o sentencias judiciales calificadas de impopulares, o hasta de legislar contraviniendo expresamente sus constituciones. Tampoco que órganos legislativos se nieguen de plano a cumplir resoluciones de tribunales electorales, porque sus incentivos son distintos.

Hay quien dice que el Plan B es una distracción para que Morena pueda elegir consejeros a modo. Yo creo que la distracción es innecesaria porque tienen la mayoría suficiente y, además, están empeñados en que sea por sorteo, negándole cualquier importancia al perfil de los Consejeros o al peso que vayan a tener en 2024. Sabemos también que, de seguir las tendencias, tanto positivas como negativas, Morena ganará por un margen cómodo en las elecciones presidenciales, sin importar mucho quién sea su candidato o candidata. El INE no ha hecho más que reconocer los triunfos de Morena en todos lados, y lo más probable es que lo siga haciendo, porque ese movimiento seguirá ganando, en el corto plazo, también en todos lados.

Ahora bien, no se puede soslayar que, apoyados en el discurso de defensa del voto y sin importar lo que cada lado haya hecho para aumentar el calibre de las descalificaciones, se está formando, aunque sea de manera incipiente, un anti obradorismo de base social real. Ese es uno de los riesgos de la polarización permanente, y de posicionamientos políticos categóricos, agresivos, pues para enardecer a las bases se debe uno lanzar sin piedad contra el enemigo, contra cualquier enemigo, y si no existe, crearlo.

Es una incógnita qué hará la Corte con las controversias constitucionales porque no es cierto que esté claro que todas las reformas, que hablan de muchos temas, sean o no inconstitucionales. Lo más razonable es que hicieran un análisis artículo por artículo, y dejaran en vigor unos, e inaplicables otros, atendiendo a razones jurídicas y no políticas ni presiones sociales hacia uno u otro lado.

Precisamente por eso los jueces y ministros no se eligen popularmente, porque no se quiere que sus sentencias sean emitidas buscando la aprobación de nadie. Sin embargo, otra tendencia global es que los máximos tribunales están siendo bastante acomodaticios. Cada vez con mayor frecuencia, sacan resoluciones más bien políticas o hasta con pretensiones de suplir la política pública o la política social. ¿Para qué está la ley electoral? ¿Para qué está la Constitución? ¿Para qué están las cortes? Nunca demos por sentado que conocemos la respuesta a esas preguntas.