Desde antes de que comenzara la emergencia sanitaria provocada por el (¿o la?) Covid-19, tenía mucha información sobre la relación del Gobierno federal con la industria TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), pues cuando apenas estaban recomponiéndose las reglas de juego para venderle tecnología a la administración pública vino la pandemia a posponerlo todo.
Sin embargo, ahora que poco a poco comenzamos a confirmar la teoría darwiniana de la adaptación al cambio; retomo ciertos pendientes y asuntos por venir en la Secretaría de Economía (SE), pues muchos nos quedamos con la noticia de que sus sistemas informáticos habían sido hackeados el pasado 23 de febrero. Para algunos ya no fue noticia saber que dos semanas después, alrededor del 10 de marzo, la contingencia cibernética fue totalmente superada.
Lo que ya no supiste es que esta historia de éxito no solamente responde a una oportuna intervención en los sistemas informáticos del SE, sino al establecimiento y al estricto apego a toda una cultura de seguridad informática en la dependencia que incluye desde protocolos de respuesta, procedimientos de acceso, educación laboral y hasta investigación forense y penal por parte de la Fiscalía General de la República.
Por eso, me parece un acierto que la SE piense retomar la licitación LA-010000999-E128-2020 para contratar el Servicio de Aprovisionamiento de Infraestructura de Centro de Datos para la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado, el cual se pospuso desde marzo.
Algunos piensan que, por estar en emergencia sanitaria, se deben dejar de lado licitaciones similares cuando precisamente por las nuevas condiciones de teletrabajo (que un una de esas ya son permanentes); se vuelve casi urgente y de seguridad nacional proteger y robustecer los sistemas de cómputo y seguridad informática del Gobierno federal.
Por ejemplo, la empresa de tecnología Cisco, nos comentó ayer que la emergencia sanitaria del Covid-19 aumentó los riesgos para la ciberseguridad de las organizaciones, pues se priorizó la continuidad a la operación desde posiciones remotas; razón por la cual, ahora se necesita construir un ambiente sustentable y seguro para trabajar desde los hogares.
Quiero pensar que quienes se oponen, solo están en un error, pues no me gustaría pensar que atienden los intereses o envían mensajes de quienes se verían beneficiados por la cancelación de este tipo de licitaciones; es decir, de quienes de manera fortuita o maliciosamente, quieren ganar una extensión de su contrato u obtener uno nuevo. Para cortar de tajo y darle un golpe mortal a la corrupción que todavía campea de manera indignante entre la industria TIC y el Gobierno federal, urge recontratar con nuevas reglas del juego, y más ahora que la pandemia aumentó los riesgos de ciberseguridad por el trabajo a distancia.