Déficit de confianza en la justicia institucional

En el trayecto diario a mi oficina por el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, me encuentro con una imagen que no deja de contrariarme. A menos de cien metros de distancia entre ellos hay dos anuncios espectaculares: uno dice que él mismo se encuentra en litigio y advierte de posibles engaños al público; y el otro acusa, con todo y fotografía, a una persona de ser defraudadora. Inevitablemente mi marco de interpretación de la realidad está sesgado por el derecho, pero cuando paso por ese tramo no dejo de preguntarme cómo es que la necesidad de la gente por tomar la justicia por su propia mano ha llegado a ese punto. En el primer caso se refleja una posible preocupación por proteger al público, dando por sentado que las autoridades no lo hacen, y en el segundo subyace frustración por no poder llevar a la justicia a una persona. Más allá de las implicaciones legales del segundo caso —daño moral, difamación o incluso calumnia— la reflexión me lleva a preguntarme cómo llegamos a ese punto.

La respuesta fácil sería atribuirlo a la impunidad. Y aunque ese factor es central, resulta insuficiente. Lo que esas lonas revelan no es solo la ausencia de castigo, sino una ruptura más profunda: la pérdida de confianza en los canales institucionales para resolver conflictos. Cuando un particular decide advertir públicamente que está en litigio, o exhibir a alguien como presunto defraudador, está haciendo una apuesta peligrosa: sustituir al juez, al ministerio público y al procedimiento por el juicio social inmediato.

Ese fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. La justicia por propia mano no comienza con el linchamiento ni con la violencia física; empieza mucho antes, cuando se normaliza que el conflicto se resuelva en la arena pública sin reglas, sin debido proceso y sin una autoridad imparcial que determine la verdad jurídica. Los espectaculares no son el problema en sí mismos, son el síntoma.

También hay un componente económico y temporal que suele ignorarse. Litigar es caro, lento y desgastante. Para muchas personas, el costo de esperar una sentencia supera el daño que intentan reparar. Frente a esa realidad, la exhibición pública aparece como un atajo: rápido, visible y, en apariencia, eficaz. El problema es que ese atajo erosiona el mismo piso sobre el que debería sostenerse el Estado de derecho.

Cuando la sociedad acepta como normal que alguien “se defienda” acusando públicamente a otro, se abre la puerta a la arbitrariedad. Hoy el señalado puede ser un presunto defraudador; mañana, cualquier persona incómoda. Sin reglas claras, la verdad deja de ser una cuestión de prueba y se convierte en una cuestión de narrativa y poder.

Tal vez la pregunta correcta no sea por qué alguien coloca esos anuncios, sino qué estamos dejando de hacer como sistema para que esa opción resulte racional. Mientras la justicia institucional siga siendo percibida como inaccesible, lenta o ineficaz, la tentación de tomarla por cuenta propia seguirá ahí, recordándonos —en lo alto del Periférico— que la legalidad no se sostiene solo con leyes, sino con confianza.