La decisión de los electores ha dejado de determinar quién gobierna en la democracia mexicana. Los tribunales electorales arrebatan triunfos a unos por anomalías menores y sólo multan por causas graves a sus socios, amigos o cómplices.
El objetivo esencial de la democracia es otorgar el poder a quien la mayoría elija en las urnas no en los tribunales, de manera que cualquier impugnación que no altere el número de votos no puede, modificar los resultados finales, por los que la población se pronunció. Sin embargo, el Tribunal Electoral retiró tres diputaciones federales a Morena en Baja California Sur, Nuevo León y en la Ciudad de México, y se las entregó al PAN, tras confirmar la nulidad de la votación en algunas casillas con irregularidades menores.
Los magistrados cargan un doble delito. El primero, cumplir como entes jurídicos a la democracia, y el segundo no llevar su responsabilidad social legalmente dentro del Poder Judicial, lo cual afecta también a la democracia, porque con un órgano judicial corrupto no puede haber democracia.
Los magistrados electorales, al igual que los consejeros del INE tienen su puesto y salario asegurados mientras ellos garanticen triunfos electorales al PAN aunque sean ficticios e ilícitos, pero lleven la bendición de la autoridad electoral.
En el Distrito 03 de la Ciudad de México, el presidente interino Felipe Fuentes Barrera detalló: “con el resultado de aplicar el criterio jurisprudencial implicarían una votación para el PAN de 371 votos, para Morena 593, pero al recomponer la votación viene una votación al final en favor del PAN de 88 mil 39 votos y a favor de Morena de 87 mil 869, con la anulación de estas casillas hay un cambio de ganador para que ahora sea el PAN el que resulte ganador en este distrito”. La causa es la supuesta indebida conformación de la casilla, según el tribunal algunos de sus integrantes no pertenecían al distrito correspondiente, cuando Morena trató de impugnar dijeron que ya no era tiempo.
El Tribunal no puede alterar el número de votos, porque atenta contra la mayoría que define el triunfo electoral, a pesar de que la categoría de impugnaciones debería motivar sanciones más lógicas y justas, los magistrados obedecieron la consigna panista de ganar la mayoría en el Congreso a como diera lugar, y no dudaron en favorecer a sus mecenas.
Cuando los tribunales frenan la democracia detienen el proceso social pero también crean la polarización de la que culpan al gobierno. La oposición muestra músculo en el Tribunal Electoral debiendo mostrarlo en las urnas, haciendo de esa complicidad uno de sus pocos bastiones.
Las impugnaciones tienen jurisprudencias imaginarias y fantasiosas, según los propios magistrados lo confirman, pero para ellos son varias vías para arrojar un solo fallo: la derrota electoral del adversario.