La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) es el único órgano colegiado del INE en el que todos los partidos políticos tienen voz, voto y mayoría absoluta. Su misión es garantizar la actualización, precisión y cobertura del padrón electoral, la lista nominal de electores y la credencial para votar con fotografía. En sesión del pasado lunes 11 de mayo aprobó dos acuerdos que hay que comentar, pues ambos expresan en general la convicción de la CNV y del INE de proteger nuestros derechos político-electorales y en particular nuestros derechos a la identidad y a la identificación.
El primero, aprobado por todos los partidos menos Movimiento Ciudadano, recomienda a la Junta General Ejecutiva del Instituto la reapertura gradual de los 858 módulos de atención ciudadana del país, cerrados desde el 23 de marzo pasado con motivo de la pandemia.
La CNV consideró esenciales y de primera necesidad los servicios de expedir, renovar y actualizar credenciales para votar (y con ello, consolidar los instrumentos registrales) que dichos módulos prestan a la sociedad. El acuerdo ofrece una sofisticada argumentación jurídica relacionada con los derechos fundamentales a la identidad y a la identificación, pues su eficacia y ejercicio resultan indispensables para acceder a otros como el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, a los programas sociales y en general a todo tipo de trámites que demandan del interesado acreditar indubitablemente que es quien dice ser.
El segundo acuerdo, aprobado por unanimidad, recomienda al Consejo General del INE, que sesiona mañana viernes, extender la vigencia, hasta el 1 de septiembre de este año, de las 1.17 millones de credenciales que perdieron su vigencia de 10 años el pasado 1 de enero y que no han sido renovadas por sus titulares; además, tratar igualmente a las que vencieron a partir del 2 de enero y las que venzan durante el confinamiento.
Este acuerdo discurrió por una argumentación comprometida con la progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, el control de convencionalidad, el principio pro-persona y la interpretación conforme. Invocó además jurisprudencia de nuestra Suprema Corte y normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Estamos ante dos piezas argumentativas del más alto nivel que tienen fundamento jurídico adecuado, razón institucional suficiente y motivación filosófica impecable y que, en materia de garantía de la identidad ciudadana, quizá sin proponérselo, le han hecho la tarea a la Junta y al Consejo General, respectivamente, y no tendrían por qué enfrentar oposición alguna. En estos tiempos de restricciones a la movilidad y lesión a algunos otros derechos, la CNV y el INE marcan la ruta primigenia hacia la restauración de la normalidad democrática; convicción republicana que los directivos de la Comisión y del Registro Federal de Electores abrazan como parte de su trabajo cotidiano. ¡Enhorabuena!