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Derecho a la propia imagen, a un clic de la fama o el desprestigio

Derecho a la propia imagen, a un clic de la fama o el desprestigio

Columnas viernes 25 de marzo de 2022 -

El uso de la imagen personal por parte de terceros es un tema que aún se cuestiona hoy en día.

¿Cuántas veces no hemos visto que la imagen de una persona se hace pública alguna razón en específico?

Desde bromas, víctimas de las circunstancias, guerras o incluso por delitos cometidos por “probables responsables” que son capturados en videos o fotografías y dan la vuelta al mundo… esto es cada vez más común.

Diariamente se generan millones de imágenes que dejan huella de la actividad humana, y estas fotos dan la vuelta por el mundo a través de periódicos, redes sociales y demás medios de comunicación. ¿Pero acaso se han preguntado cuántas de éstas se obtienen, publican y reproducen sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas?
Y es que el derecho sobre la imagen personal, entendiéndola como la reproducción gráfica de nuestra apariencia física, debe ser visto desde tres perspectivas: el uso de la imagen como propiedad intelectual y derecho de autor; como un dato personal, al identificarnos o hacernos identificables ante los demás; y como uno de los derechos de la personalidad, entre los que también encontramos el derecho al honor, la vida privada, la integridad física y patrimonial.

En esta triple vertiente, lo que en esencia busca el derecho a la propia imagen, es impedir la obtención, reproducción o publicación de imágenes referentes a una persona por parte de un tercero no autorizado con cualquier finalidad.

Y es que, a pesar de que la imagen personal se menciona en los códigos civiles, y se regula en las leyes en materia de protección de datos personales; la Ley Federal de Derechos de Autor; y la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen de la Ciudad de México”, el derecho a la propia imagen no es un tema que se encuentre homologado en todo el país.

Veamos algunos casos extremos. Puede que el uso de la imagen se justifique en temas de seguridad, por ejemplo, mediante el uso de videovigilancia en espacios públicos en los que la captura de la imagen de las personas puede hacerse incluso sin consentimiento previo en aras del interés público.

Sin embargo, la mayoría de las ocasiones, el problema de la transmisión de imágenes sin el consentimiento de quienes aparecen en ellas no es necesariamente el hecho per sé, sino el uso que se le dan a las imágenes.

Por ejemplo, puede ser que a nuestra imagen se le dé un uso sin nuestro consentimiento, por ejemplo que otras personas puedan hacerla monetizable, o incluso convirtiéndonos en blanco de un meme viral en Twitter o whatsapp, trayéndonos consigo desprestigio, vulnerando nuestro honor y reputación.

Es entonces cuando la utilización indebida de la imagen de terceros y el señalamiento público pueden conllevar a conductas como la intromisión a la vida privada de las personas, la generación de fake news, cyberbullying, sexting o la difusión de contenido sexual íntimo, entre muchas más.

Conductas de las cuales somos testigos, víctimas o victimarios de manera regular ante el aumento en el uso de las nuevas tecnologías de la información, que posibilitan la difusión masiva de imágenes y videos en tiempo real.

Las repercusiones para sus titulares van desde lo emocional hasta lo económico. Lleva a la pérdida de la autodeterminación informativa que nos permite decidir con quién y en qué condiciones compartir nuestra privacidad, e incluso a ser víctimas de violencia y discriminación.

Pero al ser un derecho exigible ante terceros, en principio, también es posible generar responsabilidades civiles y por daño (moral y material) y su consecuente exigencia de reparación por parte de los agresores.
Es por ello que han surgido algunas formas de hacer frente a situaciones en las que la imagen de una persona es utilizada y difundida de manera ilegal.

En la Ciudad de México, por ejemplo, contamos con reformas que penalizan la difusión de imágenes íntimas como la Ley Olimpia y la Ley Ingrid, esta última condena la difusión de imágenes de víctimas de feminicidio. El derecho al olvido también puede ser otra herramienta para combatir estas conductas, sin embargo, como tal aún no es un derecho que se encuentre regulado en México.

Es un hecho que en nuestro país todavía hace falta un largo camino que recorrer en aras de alcanzar el reconocimiento y ejercicio pleno del derecho a la propia imagen, ante este reto, resulta necesario y obligado impulsar la homologación de la legislación en la materia; valdría la pena hacer un análisis comparado de la legislación específica de otros países que han avanzado en el tema desde hace años, como España que cuenta con la "Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen"; o el avance normativo y jurisprudencial de Chile.

Como autoridades, debemos generar las herramientas legales necesarias para la prevención, erradicación y sanción ante la transgresión a la reputación de las personas. Es momento de entrarle al tema, con ello hagamos lo que nos corresponde.


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