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Derecho a la salud y libre tránsito

Derecho a la salud y libre tránsito

Columnas jueves 14 de mayo de 2020 - 00:58

La concurrencia constitucional en el ejercicio de facultades significa que los órdenes gubernamentales deben actuar respecto de una misma materia. La protección a la salud forma parte de un conjunto de derechos y principios —educación, seguridad pública, medio ambiente, etc.— cuya satisfacción es obligación de la Federación, los estados y los ayuntamientos de manera concurrente, de acuerdo con nuestra Constitución y en términos de la Ley General de Salud.
En nuestro sistema, el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad sanitaria, por lo que sus determinaciones para hacer frente al Covid-19 no deben ser contravenidas por el resto de autoridades del país. Sin embargo, en aquellos rubros en que el Consejo no se hubiera pronunciado aún: ¿queda espacio para que autoridades administrativas de estados y municipios puedan actuar?
A la luz de la concurrencia mencionada, la respuesta es que sí. Estados y ayuntamientos no solamente tienen facultades para adoptar medidas hacia la protección de la salud de las personas, sino que al tratarse de un derecho humano están obligadas a ello de conformidad con el artículo 1º constitucional, pero siempre dentro del marco de la Ley General de Salud.
Precisamente, un aspecto sobre el cual no hubo pronunciamiento del Consejo de Salubridad y cuya materialización por algunas entidades generó mayor polémica, fue la limitación al libre tránsito —principalmente mediante filtros sanitarios—. ¿Pueden las autoridades de entidades y ayuntamientos restringir el libre tránsito con motivo de emergencia sanitaria? La respuesta es que no tienen facultades para ello.
En términos de la Ley General de Salud —a la que expresamente remite el artículo 4º constitucional para ordenar el ejercicio concurrente de facultades— sí es posible restringir —vía administrativa— el tránsito de personas, siempre que se actualice la: acción extraordinaria en materia de salubridad general, bajo los siguientes supuestos:
1. Debe decretarse existencia de epidemia grave —la enfermedad Covid-19 fue declarada con tal carácter por el Consejo de Salubridad—.
2. La Presidencia de la República tiene facultad exclusiva para determinar la región o regiones amenazadas sujetas a la acción extraordinaria de salubridad —esta facultad no fue ejercida por el presidente—.
3. Corresponde a la Secretaría de Salud federal aplicar en esas regiones, entre otras medidas: i. Las que restrinjan la entrada y salida de las personas; y ii. Las que regulen el tránsito terrestre, marítimo y aéreo —esta facultad tampoco fue implementada—.
¿Es razonable que para proteger la salud de la sociedad, autoridades locales hayan implementado restricciones al tránsito? Pienso que sí y, en gran medida, ello sucedió porque la Federación no ejerció las que la ley le confiere en la materia. No obstante, considero que esa finalidad de salvaguarda no debió obviar que nuestro sistema establece claramente quiénes y cómo pueden intervenir en ese derecho humano.

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/CR

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