Columnas
México rebasó la cifra de 124 mil personas desaparecidas. Un récord de horror. Un drama nacional que clama justicia ante índices de impunidad y corrupción alarmantes y promesas de autoridades sin cumplir. Una herida abierta, como fosa, que hunde en la zozobra a miles de familias.
Una pesadilla que parece no tener fin y de la que nadie se salva. Nuestro bono demográfico está en riesgo. Hay alarma por el incremento de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de mujeres entre 15 y 25 años y los hombres entre los 20 y 30 años.
De acuerdo con el informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, México se ha convertido en una gran fosa, donde“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
El documento revela que, aunque los hombres entre 15 y 40 años son las personas más afectadas, hay un incremento preocupante de desapariciones de infancias, adolescencias y mujeres, las cuales están vinculadas a diversos fenómenos como son la sustracción internacional, la trata de personas,
el ocultamiento de feminicidios o la violencia sexual.
Además, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, expresa su preocupación por las mujeres que quedan a cargo de sus familias y que, con sus propios medios, afrontan los procesos de búsqueda, siendo objeto de violencia, estigmatización, desaparición o muerte en numerosas ocasiones.
En efecto, en nuestro país la gente desaparece y frente a esta tragedia los miles de afectados sólo tienen picos, palas y una exigencia: Justicia. Una justicia que debe pasar por el viacrucis burocrático de autoridades indolentes que nada resuelven. Una justicia que debe tener la aprobación de los grupos delincuenciales. Una justicia que suele transformarse en un infierno desfondado para los vivos, después de la pesadilla de haber perdido a un familiar.
Prueba de ello, el acoso y descalificación que padecen los colectivos como “Guerreros Buscadores de Jalisco”, que realizó el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco y ahora intentan desacreditar su trabajo y silenciar sus esfuerzos. Raúl Servín, padre buscador e integrante del Colectivo, denunció que las autoridades alteraron las zonas de investigación, con el objetivo de ocultar lo descubierto por el colectivo. Un ejemplo claro de la deuda social del Estado con las víctimas.
Las desapariciones son consideradas el crimen perfecto porque sin cuerpo no hay delito. Historias de horror y terror ante la ausencia de un Estado de derecho. ¿Hasta cuándo?
@guillegomora